José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, hizo ayer una declaración pública en la que por vez primera un representante institucional del Estado español admitía la responsabilidad en el sufrimiento causado a los pueblos americanos originarios por el proceso de colonización que comenzó en México hace más de 500 años y se cerró en falso en el Sahara hace cincuenta. La historia colonial conlleva una responsabilidad como potencia colonizadora. A estas alturas de la Historia, sería impropio seguir manejándose en los términos del eufemismo del ‘descubrimiento’ del continente americano, como lo sería negar el impacto que sobre las civilizaciones precolombinas tuvo la invasión de militares y aventureros con la excusa de la evangelización o la pura búsqueda de riquezas. El efecto contrastable científicamente fue el sometimiento, la aniquilación incluso, de pueblos agredidos por una potencia superior en aquel tiempo por mor de su capacidad tecnológica y militar más evolucionada. El mensaje publico del ministro español reconduce una situación en cierto modo exacerbada políticamente por razón de la política interna mexicana, pero no deja de asumir que la lectura histórica de aquellos hechos exige una revisión sincera y veraz.
Por eso resulta doblemente gravoso que ese mismo ejercicio de asunción se hurte en el caso del pueblo saharaui, que cumple medio siglo de abandono tras la ocupación marroquí de su territorio en un proceso de abandono de la responsabilidad de la potencia colonial. El Estado español está instado a cumplir con sus obligaciones como metrópolis para, en base al derecho internacional, del que son parte las resoluciones de Naciones Unidas, propiciar el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo descolonizado. Los saharauis han pasado de ser ciudadanos del Estado español a pretender ser absorbidos por Marruecos, como ciudadanos de segunda, despojados de derechos básicos, según la práctica discriminatoria y represora del régimen. La conveniencia política, económica y estratégica de Estados Unidos y el Estado francés reforzó los intereses de Rabat y el actual Gobierno de Pedro Sánchez abandonó la protección de los derechos saharauis y la reivindicación de su derecho de libre decisión para entregar su soberanía a otra potencia ocupante.