Este jueves se conocieron los datos de inflación al cierre de 2025 y los resultados requieren una interpretación más profunda que el dígito. La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) cerró 2025 con una inflación del 2,9%, en línea con la media estatal, mientras la Foral de Navarra lo hizo en el 2,6%, su nivel más bajo desde verano. En el mismo período, los salarios pactados en convenio subieron con fuerza: un 3,65% en la primera y un 3,54% en la segunda, liderando ambas el ranking del Estado.

Sobre el papel, los sueldos han ganado unas décimas de poder adquisitivo en 2025; en la práctica, apenas compensan una década en la que los precios han ido por delante. El hecho nos lleva a reparar en que el viejo esquema de salarios-costes-precios ya no funciona como antes. Durante años se consideró que la contención salarial es la principal medicina contra la inflación: moderar nóminas para no alimentar subidas de precios. Igualmente, el paradigma de la demanda salarial se ha referenciado a alza de los precios (IPC) con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo. Pero los datos muestran algo más complejo. Por ese camino, el diferencial del alza de precios y salarios en la última década es de cuatro a cinco puntos favorable a los precios. Y aun así, la inflación se resiste a bajar porque los motores del encarecimiento no sólo tanto en la nómina sino en otros factores del proceso productivo y de los mercados del bienestar –vivienda, energía, sanidad, etc.–.

La lógica binaria de subir o no subir salarios es un bucle. Frenar los sueldos no corrige las causas de fondo de los precios y elevarlos para recuperar terreno sí refuerza la espiral inflacionista. Es preciso actuar en otros terrenos: una política de vivienda y energía asequibles; garantizar una competencia efectiva que evite manipulación de mercados en favor de márgenes excesivos; y acuerdos de rentas que vinculen parte de las subidas salariales a la productividad y no solo al IPC. Es posible pactar incrementos razonables y preservar empleo, incluso en contextos adversos. Pero el reto es un nuevo pacto social que rompa el espacio de confrontación laboral y reparta los costes del ajuste también entre quienes fijan los precios y elevan márgenes con la excusa del aumento de costes e integrando conceptos de productividad y rendimiento al valor real de la fuerza laboral.