La decisión del Parlamento Europeo de paralizar el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur ha sido recibida con alivio entre el sector primario, pese a que abre un periodo de incertidumbre sobre su aplicación que puede demorarse hasta dos años. La pelota queda ahora en el tejado del Tribunal de Justicia de la UE, a quien corresponde valorar si el pacto firmado con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay cumple con los tratados europeos. No obstante, hay quienes defienden, como es el caso de Alemania, que puede entrar en vigor sin esperar a que llegue el dictamen del TJUE.

En cualquier caso, la inesperada votación del miércoles en la Eurocámara, donde por solo 10 votos quedó en el aire el acuerdo que iba a crear la mayor área de libre comercio del mundo con 780 millones de ciudadanos y el 20% del PIB global, supone un varapalo para la Comisión Europea. Especialmente para su presidenta, Ursula von der Leyen, partidaria de diversificar mercados al margen de Estados Unidos y China, y que hace solo ocho días había festejado en Paraguay la apertura de este nuevo mercado tras una negociación prolongada durante más de 25 años. En esta sorprendente votación han tenido su indudable peso las protestas que el sector ha extendido por Europa, al considerar que este pacto pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones y somete a los europeos a competencia desleal. Entre sus reivindicaciones exigen que se impongan las denominadas cláusulas espejo, que obligan a que los productos importados cumplan las mismas normas sanitarias, ambientales y de bienestar animal que se aplican a los productores europeos. Algo que no está claro que garantice este acuerdo, y que es una de las razones que más inquieta al agro tanto en Navarra como en la CAV, dos comunidades con un peso considerable del sector en el PIB. Pero este tratado va más allá del campo.

También están en juego importaciones de productos como carne, aves, azúcar, miel, etanol, arroz o cítricos, que de momento quedan en suspenso. Entre tanto, la decisión de que el tratado entre en vigor de forma provisional todavía sigue abierta. Depende de la Comisión y de los Estados miembros. La primera tiene la potestad de pedirlo. Si lo hace, el Consejo de la UE deberá aprobarlo por mayoría cualificada para su aplicación de manera interina.