EL Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un fondo soberano dotado con 10.500 millones de euros europeos canalizados desde el programa Next Generation vía Instituto de Crédito Oficial (ICO), más un bono verde de 2.800 millones, para movilizar 120.000 millones privados en una década. Inspirado en Noruega o Francia, que ya invirtieron miles de millones en el sector renovables y hotelero del Estado, busca repetir un modelo que ya multiplicó hasta cinco veces su capital en pymes y sector verde.

Ahora, con la prioridad de nueve sectores clave, y foco en viviendas asequibles para jóvenes y familias en un país asfixiado por alquileres disparados, se pretende alcanzar un grado de implicación de capital privado de prácticamente doce euros por cada uno público. La fórmula ofrece el atractivo al inversor extranjero del rendimiento que este tipo de experiencias ha acreditado en el pasado, aunque un fondo de esta naturaleza sea la primera vez que se pone en marcha por parte de un Gobierno español. No obstante, hace falta un trabajo adicional para evitar que “España Crece”, como se ha nominado el programa, no se quede en un eslogan atascado por la burocracia, por proyectos fallidos o por el arrastre hacia rescates públicos que lo distancien de su objetivo original. Pero, por encima de otras consideraciones, el plan requiere de una cohesión que solo se logra por adhesión.

El diseño choca con realidades competenciales cuya gestión no suele contemplar el gabinete Sánchez en las fases de diseño. Vivienda y suelo son exclusiva autonómica; el Estado no posee terrenos ni dicta licencias sobre 8.000 municipios y, si bien no demanda aportes fiscales autonómicos -se nutre de NextGenEU-, sin cesión voluntaria de suelo y planeamiento conjunto de su ejecución, sería un error. Aquí brilla la cooperación con País Vasco y Navarra, cuyos sistemas forales generan renta superior a la media y no cabe considerarlos convidados de piedra ni sus propias políticas de vivienda sometidas al arbitrio del Estado. Disponen de haciendas eficientes, suelo público y capacidad de inversión. Gobierno Vasco y de Navarra son referente en gestión y capaces de liderar desde su experiencia. La tentación de unilateralidad sería un brindis al sol, como en planes previos. Llenar éste de contenido demanda transparencia y pacto territorial.