El debate sobre el burka y el niqab en Europa y su legalidad en las democracias plenas reaparece en el Estado con la propuesta de Vox en el Congreso de prohibir su utilización en espacios públicos. Es un debate incómodo, pero sería un error silenciarlo por esa circunstancia. De partida, es oportuno arrojar luz sobre esa tradición frente a los eslóganes.
Los velos que ocultan el rostro no llegan con el islam, no responden a un mandato del Corán ni son característica insoslayable de la religión musulmana. De hecho, tienen más que ver con la segregación cultural del papel de la mujer y con las trabas a su identificación y autonomía. En ese sentido, no es necesariamente un símbolo de libertad religiosa y ha sido objeto de rechazo desde ideologías progresistas y feministas tanto como de ideologías de extrema derecha xenófoba.
De hecho, el debate ha girado sustancialmente en el Estado español al calor de los relatos dominantes de ideologías contrapuestas. Desde la izquierda se ha primado recientemente la defensa de la multiculturalidad y la libertad de credo allí donde antes se sostenía un incuestionable relato de libertad e igualdad de las mujeres. Y todo, por el hecho de que la bandera de la exigencia de prohibición de esa prenda ha sido enarbolada por la extrema derecha con tintes islamófobos y xenófobos.
Ese protagonismo oculta a veces que el componente de supeditación social de la mujer, que acompaña al burka, se ha convertido en un elemento reivindicativo y un factor de cohesión del fundamentalismo religioso. El debate vuelve a ser el de los límites de la coerción en defensa de unos valores sociales. Los de igualdad de género y de credo están falsamente en contradicción.
La primera voz a escuchar debería ser la de las propias mujeres musulmanas. En Europa, éstas se manifiestan en torno al 60% a favor de que sea una prenda opcional: sin prohibiciones ni obligaciones. Pero, en la práctica, la libertad de elección nace coartada por la supeditación cultural. Los derechos humanos no pueden estar sacrificados a un relato de multiculturalidad, pero tampoco a otro de homogeneidad y desprecio a la diferencia. Un debate de extremos, sin diagnóstico multipolar sobre derechos y libertades, deja en manos de la ideología la definición del modelo de convivencia.