Medio siglo después, la verdad oficial sobre la matanza del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz sigue sometida al secreto oficial. La integridad de un Estado democrático no puede descansar en la ocultación de un crimen, y menos aún cuando no existe amenaza creíble a su seguridad por conocer quién ordenó, ejecutó y encubrió la represión que dejó cinco trabajadores muertos y más de un centenar de heridos en la iglesia de Zaramaga. Lo que sí erosiona esa integridad es la impunidad amparada por la falta de voluntad de alumbrar con justicia violaciones flagrantes de derechos.
La desclasificación de toda la documentación relativa al 3 de marzo es una obligación ética y democrática, no una concesión. Los archivos que aún hoy siguen protegidos deben abrirse para que las víctimas y la sociedad vasca conozcan la cadena de mando y las responsabilidades reales de aquella masacre. No se trata de reescribir la historia, sino de completarla, de retirar la coartada burocrática que ha permitido que el Estado llegue a los 50 años de aquellos hechos sin ofrecer verdad, justicia ni reparación suficientes.
Es la misma puerta que debe abrirse para episodios como los Sanfermines del 78, cuando la irrupción violenta de la Policía Armada en la abarrotada Plaza de Toros y la prolongación de las cargas en las calles de Pamplona acabaron con Germán Rodríguez muerto por disparos de bala y más de un centenar de heridos.
Vitoria 1976 y Pamplona 1978 forman parte de la misma secuencia represiva que acompañó a la Transición y que hoy sigue interpelando la credibilidad del Estado de derecho español. Por eso, la exigencia de verdad tampoco puede ser objeto de patrimonialización.
El caso merece más que el desmarque calculado de EH Bildu, forzados por una palabra –”responsabilidad”– en una resolución del Parlamento Vasco, reproduciendo la lógica reductora que aún hoy impide posicionamientos compartidos sobre la “condena” del terrorismo. El 3 de marzo pertenece a las víctimas de la represión y a la memoria colectiva de la ciudadanía vasca; cualquier avance en su reconocimiento debe valorarse en positivo y sostenerse sobre una mínima unidad ética. En una ruta del cero al cien, el setenta puede ser insatisfactorio, pero el cero sigue siendo la nada.