Reducir la presión asistencial de la sanidad pública a un mero conflicto laboral sería un peligroso error de diagnóstico, aunque el impacto del problema desborda ya lo razonable. Más allá de las demandas de los profesionales médicos, el sistema afronta un colapso estructural marcado por el abismo demográfico de las jubilaciones masivas, cuyo pico crítico en Medicina de Familia sitúa el Ministerio de Sanidad en 2029. El Estado cuenta con una alta tasa general de médicos, pero falla en su cimiento. Con 0,79 médicos de cabecera por cada 1.000 habitantes (0,77 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 0,80 en Navarra, estamos lejos de la media europea (0,91).

Este estancamiento choca con la realidad social: en dos décadas, las citas en atención primaria han crecido un 25% y en urgencias un 76%. Sin negar un exceso de frecuentación, unas plantillas menguadas se ven obligadas además a rellenar formularios y resolver burocracia asociada a la gestión de los casos a los que atienden. Paralelamente, existe un clamor unánime de las autonomías que exigen al Ministerio más plazas MIR, que tropieza con su inflexibilidad para acreditar nuevas unidades docentes y flexibilizar los requisitos de los tutores.

No puede haber una respuesta uniforme ante una asimetría territorial evidente: gobiernos con músculo fiscal y prioridad social como el vasco y el navarro disponen de capacidad presupuestaria para financiar y sostener más plazas formativas de las que hoy ofertan, una solvencia económica que no necesariamente pueden garantizar todas las comunidades. Pero el marco normativo estatal actúa como tapón que impide desplegar el potencial que apoyaría el relevo generacional de facultativos.

Prorrogar la jubilación a los 70 años es una medida de urgencia, pero solo paliativa. Destensionar el modelo de bienestar exige que el Estado adapte y flexibilice sus criterios para aquellos territorios que pueden y quieren invertir más en formar talento. En el plano interno, el reto de Osasunbidea pasa por acometer una desburocratización radical de los ambulatorios. Si no desatamos el nudo de la formación, devolvemos al profesional a la labor estrictamente clínica y revalorizamos profesionalmente la atención primaria, el sistema no levantará cabeza.