La decisión de abrir un procedimiento al juez Peinado ha vuelto a mostrar a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fracturado por sensibilidades no jurídicas. La división del pleno solo ha sido posible por el voto de calidad de su presidenta para desempatar, evidenciando que el órgano de gobierno de los jueces sigue lastrado por un sesgo ideológico y un arraigado alineamiento político.
Se constata así el rotundo fracaso de la pretendida despolitización, que se proyectó a la ciudadanía como la prioridad absoluta de la negociación que dio lugar a la actual configuración de la institución. Lejos de ejercer como contrapesos que garanticen la centralidad, los bloques conservador y progresista no están funcionando como un mecanismo de verdadero equilibrio institucional.
Desde la misma constitución del nuevo Consejo, la inmensa mayoría de las resoluciones, nombramientos y decisiones estratégicas se decantan sistemáticamente a favor del criterio del bloque conservador, que ha sabido imponer su agenda y consolidar su hegemonía interna en la configuración de comisiones de funcionamiento, que controla.
Esta asimetría estructural desmonta, además, la presunción de que una mayor independencia del colectivo de jueces a la hora de definir sus órganos de gobierno vaya a traducirse en neutralidad, como promueve el PP. En la práctica, esta supuesta autonomía decanta el tablero hacia el bloque conservador debido a los criterios de valoración que este mismo sector ha defendido y logrado instaurar.
Al otorgar un valor prioritario a los méritos gubernativos, el sistema apuntala la ventaja de una derecha judicial que domina históricamente las presidencias de audiencias provinciales, tribunales superiores y decanatos en el Estado. Sus afines parten con ventaja competitiva a la hora de sumar puntos para ascender, marginando la excelencia jurisdiccional y dejando en un plano secundario la verdadera calidad del desempeño.
Como consecuencia de ello, la reforma de una justicia verdaderamente equilibrada y plural sigue siendo una asignatura pendiente. Blindar el sistema como un poder autónomo entregado en exclusiva a las manos de sus propios referentes conlleva el riesgo de buscar un modelo más independiente frente a los poderes del Estado y acabar con uno más corporativo.