Mesa de Redacción

Vetar la investigación de la tortura es una torpeza inútil

08.02.2020 | 14:11

me deja perplejo que un tribunal pueda anular una subvención pública del Gobierno de Navarra a una universidad para que elabore un informe sobre los casos de tortura y malos tratos policiales. No tiene sentido aferrarse a la supuesta vinculación de esta ayuda con la Ley Foral de Violencia de extrema derecha y policial que anuló el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno del PP. Si esa anulación ya es más que cuestionable, pues establece una injusta división de víctimas de primera y de segunda según quién sea el autor de las violaciones de los derechos humanos de las personas afectadas, la anulación de la subvención supone una nueva irrupción de un poder judicial en la acción política legítima y democrática de un poder ejecutivo en este caso. Y cuestiona también la libertad de cátedra y el rigor académico universitario. Además, supone una evidente contradicción respecto a la CAV, donde el mismo departamento universitario, con el forense Paco Etxeberria al frente, elaboró un estudio similar. Ese Informe sobre la Tortura documenta 4.133 casos entre 1960 y 2014 sólo en la CAV. Nadie duda de que se cruzaron peligrosas líneas rojas en la lucha antiterrorista bajo la excusa aquella del todo es ETA, desde la guerra sucia, el terrorismo de extrema derecha, la violencia parapolicial, las torturas y malos tratos o el terrorismo de Estado de los GAL. Mirar a otro lado no es sino un ejercicio de burda hipocresía. No sólo por las denuncias de miles de personas que han sido detenidas en ese periodo de tiempo -la mayor parte de las cuales fueron luego puestas en libertad sin cargos-, sino porque aunque de forma excepcional los propios tribunales españoles han dictado condenas contra miembros de las fuerzas de seguridad y los tribunales europeos han condenado en diversas ocasiones al Estado español por casos de tortura. Negar los hechos no tiene sentido alguno. No hubo terrorismo bueno y terrorismo malo como se intenta colar ahora y el terrorismo, el asesinato, la guerra sucia y las torturas, impulsado todo ello desde un Estado que se dice democrático y pagado con dinero público, son inaceptables. Antes o después el Estado y los diferentes gobiernos responsables tendrán que asumir sus responsabilidades y admitir que fueron unos hechos inadmisibles en una democracia avanzada y consolidada. De hecho, si no hubiera existido esa infame práctica no habría motivo para tratar de bloquear su investigación. Son sólo interpretaciones sesgadas que reconocen una violencia y unas víctimas, pero niegan o minimizan otras violencias y otras víctimas. La tortura, con golpes, asfixia e incluso abusos sexuales, forma parte también del relato de las violencias que ha sufrido esta tierra durante décadas. No elimina ni reduce las responsabilidades de cada cual en los distintos hechos de violencia ni justifica las otras violencias, pero asumir que torturar, además con el amparo consciente del Estado, estuvo mal también es un mínimo ético. Y el reconocimiento, la memoria digna, la justicia y la reparación son derechos que afectan a las víctimas de la violencia y de violaciones de derechos humanos, sean víctimas del terrorismo de ETA, del genocidio franquista o del terrorismo de Estado, de extrema derecha o de actuaciones policiales al margen de la ley. Esos hechos se pueden tratar de ocultar o tergiversar bajo una falsa historia oficial, pero no se pueden cambiar.