El informe de la Cámara de Comptos sobre la operación urbanística de Salesianos supone un duro varapalo a la gestión política que hizo desde 2009 y hasta 2015 de este asunto el Gobierno de UPN. De hecho, lo culminó apresuradamente una vez que ya había perdido las elecciones de ese mismo año y antes de abandonar el poder. Comptos denuncia, en este sentido, que se ha financiado el traslado y construcción de un nuevo centro educativo de FP para Salesianos en Sarriguren mediante una operación urbanística diseñada expresamente para obtener financiación y máximo beneficio, eliminando para ello la reserva de vivienda protegida mediante un cambio de última hora y obligando a las administraciones foral y municipal a asumir un elevado riesgo económico. Y aunque no cuestiona la posibilidad de operaciones como la de Salesianos, Comptos advierte que hubieran debido garantizarse prioritariamente la igualdad de oportunidades y argumenta, por ello, que se debiera haber llevado a cabo sin condicionar en ningún caso otras actuaciones de interés general, como es la reserva de vivienda protegida en las actuaciones urbanísticas, que es precisamente lo que ocurrió en esta planificación para tratar de obtener el máximo beneficio a la subasta de las parcelas para construcción. De hecho, el proyecto, tanto en su dimensión de viviendas como en sus costes y en su diseño urbanístico desmedido, estuvo sometido a las altas expectativas en aquellos tiempos de la juerga inmobiliaria de un suculento beneficio en la operación, lo que llevó en su momento a modificar de tapadillo la ley y eliminar la previsión de tipos de construcción inicial para eliminar la obligatoriedad de construir vivienda protegida. Eso sería hoy en día impensable. El informe de Comptos pone blanco sobre negro la realidad conocida y denunciada por partidos, asociaciones, vecinos y arquitectos de que desde el comienzo, hace ya más de 15 años, esta fue una confusa y oscura operación urbanística, un pelotazo de los tiempos de la burbuja inmobiliaria al amparo del anterior régimen político al que también se sumó a hacer negocio particular la propia orden religiosa con unos terrenos públicos cedidos gratuitamente por Pamplona décadas atrás. Estos es, que la operación de Salesianos fue un proyecto de urbanismo intensivo y exagerado para beneficio de intereses particulares. Otro ejemplo del modo de actuar habitual de la gestión de los recursos públicos comunes, en este caso del suelo, durante los años de gobiernos de UPN, muchas veces, también esta, con la complicidad del PSN. Quizá el análisis de Comptos llega tarde en el tiempo, porque si bien es cierto que con los gobiernos del cambio en Iruña y en Navarra nunca que se hubiera llevado a cabo la operación de Salesianos en las condiciones heredadas, el proceso está en marcha irremediablemente con cambios en la medida de lo posible -se han reducido las alturas, por ejemplo- para no vulnerar las leyes y para garantizar al menos los ingresos públicos y eliminar el riesgo de generar cuantiosas pérdidas para las arcas forales. Y aunque llegue tarde, Comptos muestra lo que también una buena parte de la sociedad ha visto desde el principio: que se ha tratado siempre de una operación urbanística especulativa y de riesgo para los intereses generales de Navarra y arquitectónicamente más que cuestionable para Pamplona.