Ya he escrito buena parte de estas reflexiones sobre el llamado caso Alsasua varias veces antes. Me van a disculpar los lectores de esta columna, pero hoy que se cumplen 1.000 días de prisión para tres de los ocho jóvenes de la localidad salpicados por este proceso judicial voy a repetirme para insistir en ello. La desproporción es el denominador común en el caso Alsasua. Desproporción judicial, policial y mediática. Fue desproporcionado el relato mediático de los hechos como quedó acreditado en el propio juicio. Fue desproporcionada la acusación de terrorismo para trasladar el caso a la Audiencia Nacional y aplicarles penas de decenas de años de cárcel, como quedó igualmente acreditado en el juicio. El caso debería haberse juzgado en Pamplona como defendieron los jueces de la Audiencia Provincial. Han sido igualmente desproporcionadas las condenas por desórdenes públicos con las máximas penas posibles, una estrategia judicial para encubrir la desastrosa instrucción de la jueza Lamela, que acusó de terrorismo a los jóvenes de Alsasua con la única prueba de un informe de la Guardia Civil de Madrid, una prueba evidentemente de parte. Y fue desproporcionada la misma composición del tribunal que les juzgó. Un cúmulo de desproporciones que tienen más de venganza y provocación que de justicia. Antes o después un tribunal dejará en evidencia la injusticia y desproporción de este caso. De hecho, el Tribunal Supremo ha fijado para el día 18 de septiembre la vista que estudiará los recursos de las defensas de los jóvenes de Altsasu que piden la libre absolución frente a las condenas de entre dos y 13 años impuestas por la Audiencia Nacional. Será una nueva oportunidad, aunque la esperanzas en los altos tribunales del Estado, vista su actuación durante todo el proceso judicial, son más bien pocas. En todo caso, queda esperar que los jóvenes de Alsasua tengan algún día acceso a una Justicia imparcial, independiente y garantista, un derecho al que hasta ahora no han podido acceder. Pero será ya más de 1.000 días tarde.
