ue no habrá, una vez más, comisión de investigación en el Congreso de las andanzas y corruptelas que señalan a Juan Carlos de Borbón lo saben hasta los niños y niñas de Primaria. Ese intento ya ha fracasado cuatro veces antes. Una en el Parlament de Catalunya con un fallo del Constitucional bajo el pretexto de la "inviolabilidad" del rey y otras tres por los servicios jurídicos de la Cámara Alta con el mismo argumento. Y este mismo viernes, Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, se aferró en Pamplona a esa burda puerta de salida para justificar el rechazo a la propuesta de su socio en el Gobierno Unidas Podemos -y otros partidos, PNV y EH Bildu, entre ellos-, a esa comisión de investigación. Que ni siquiera se permita en sede parlamentaria el debate político es tan patético como bochornoso -una muestra de la debilidad social e institucional de esta Monarquía-, pero no es ninguna sorpresa. Noticia hubiera sido que se hubiese decidido dar luz verde a un debate con luz y taquígrafos sobre todo ello. Esa ha sido la postura histórica de PSOE y PP los últimos 40 años, encubrir todas aquellas sombras que han venido acechando la credibilidad de la Monarquía española, y a ello se suman ahora Ciudadanos y Vox. La excusa es siempre la misma: salvaguardar el interés de Estado, la estabilidad institucional, etcétera. Eufemismos para ocultar el déficit democrático y la excepción en cualquier democracia avanzada que supone blindar con un privilegio judicial de impunidad al Jefe del Estado, en este caso un miembro de la familia Borbón por designio del genocida Franco al que nadie ha votado para ese cargo público. En realidad, todas esas sombras ya han sido publicadas a lo largo de los últimos años: negocios ocultos, evasión de capitales, comisiones, fraude fiscal, papel político en el 23-F, amantes la prensa española las denomina amigas, cloacas policiales, papeles de Villarejo, servicios secretos... todo un pozo de insalubridad ética, política e institucional. Pero ahora hay más: una investigación de la Fiscalía suiza sobre un regalo de 65 millones a su ex amante Corinna Larsen derivados de una comisión de 100 millones de euros que le entregó a Juan Carlos de Borbón el jeque de dictadura petrolera saudí. También un expediente abierto por Anticorrupción solicitando información sobre esos hechos a Suiza. Y una denuncia de la propia Corinna Larsen contra el rey emérito en Gran Bretaña -donde no es inviolable jurídicamente-, por amenazas para que no revele secretos de Estado. Todo muy edificante. Es la falta de legitimidad democrática de la Monarquía la primera causa de su pérdida de credibilidad y apoyo social. Ahora también la pésima imagen que traslada a la sociedad el sarao de salchuchos, juergas, andanzas y actuaciones posiblemente ilegales que ha protagonizado durante 40 años Juan Carlos de Borbón. Los intentos de Felipe y Letizia por intentar mejorar la imagen social y política de la Monarquía que representan son baldíos. Mientras la Monarquía -que conforme transcurre este siglo XXI resulta más anacrónica-, no se someta a la libre voluntad de la sociedad en un referéndum, esa falta de legitimidad seguirá ensombreciendo su imagen, la credibilidad de su discurso y la validez de su papel institucional. Rebajar la condición civil de ciudadanos a la de súbditos es una losa antidemocrática muy pesada.