l acuerdo entre PSOE, Podemos y EH Bildu en el Congreso para ratificar el compromiso previo del Gobierno de Sánchez e Iglesias de derogar buena parte de la reforma laboral del PP de 2012 es relevante para unos e irrelevante para otros. En realidad, es las dos cosas. Tiene relevancia política porque en la pugna de la geometría variable derivada de la fragmentación del Congreso todos los acuerdos tienen un valor. Más aún después de haber sumado previamente a Ciudadanos en esa aritmética parlamentaria. También porque los votos de EH Bildu más los del PNV sitúan a la política de Navarra y de la CAV en un lugar preferente frente a la pérdida de influencia del catalanismo de ERC y Junts per Catalunya. En todo caso, una contradicción de EH Bildu, que llega al ámbito de la negociación en el Congreso de la mano de ERC y ahora le deja atrás a su suerte. Esa relevancia es, de hecho, es una de las cuestiones que más enardecidamente airea Navarra Suma contra el PSN, su capacidad de llegar a acuerdos allí y aquí sobre cuestiones de interés general para Navarra -como si no fueran partidos con decenas de miles de votos navarros-, como cortina de humo para justificar su incapacidad de influencia política. Pero también tienen razón quienes alegan que el acuerdo y la firma de EH Bildu, con lo que supone de munición política y mediática para las derechas en Madrid, era innecesario. Su abstención no cambiaba el sentido de la votación y por eso se hizo público el acuerdo después de haberse aprobado ya la prórroga del estado de emergencia con PNV, Ciudadanos y Coalición Canaria. Además, la derogación de la reforma laboral del PP ya estaba incluida en el pacto programático entre PSOE y Podemos. Abrir ahora una nueva brecha en la coalición de gobierno parece más un error que un acierto. La vicepresidenta Calviño zanjó malamente el tema, pero ya las diferencias internas eran públicas y la bronca política tenía un nuevo frente en bandeja. La patronal CEOE actuó como ariete y anunció que abandona la mesa del diálogo social. La CEOE no protestó cuando la mayoría absoluta del PP impuso una reforma laboral al margen de los sindicatos, sin diálogo social alguno, que arrasó buena parte de los derechos laborales y sociales. Al contrario, aplaudió con entusiasmo. De eso trata este debate, de la resistencia extrema de sectores poderosos de la política y la empresa a aceptar la derogación de los recortes y la austeridad. Y eso es lo importante para millones de personas, poner fin a un retroceso laboral que ha supuesto recorte de derechos, precariedad y temporalidad. Esa reforma laboral ha sido, ocho años después de su aprobación, mala. No ha creado buen empleo, el que ha creado ha sido de baja calidad, ha lastrado las pensiones, no ha modificado el modelo industrial ni económico del Estado y ha condenado a buena parte de una generación a salarios bajos, inestabilidad social y exilio laboral. Ha sido mala también para aquellos empresarios que entienden su negocio como una vía de aportación a la construcción social y económica de este país, que han estado en desventaja frente al clientelismo de los especuladores, los corruptos y los tiburones del mercado. La mayoría política y sindical de Navarra siempre la ha rechazado. En 2012, PSN, Geroa Bai, Amaiur entonces e I-E votaron en contra. UPN y PP la apoyaron pese a sus costes sociales y humanos. Es el fondo del debate.