Mesa de Redacción

Catalunya, prepotencia del Estado e inestabilidad general

30.09.2020 | 00:45
La Mesa de Redacción por Joseba Santamaria

La inhabilitación de Torra como presidente de Catalunya es una nueva desproporción judicial de un Tribunal Supremo sometido desde hace tiempo a los intereses políticos supuestamente de Estado. A Torra le inhabilitan por un delito de desobediencia por negarse a atender una surrealista orden de la Junta Electoral Central para que retirara de la Generalitat una pancarta en apoyo a los dirigentes catalanistas presos y exiliados. Es decir, por ejercer y defender la libertad constitucional de expresión en una institución democrática. La Junta Electoral Central es un órgano administrativo destinado a velar por la limpieza electoral y su autoridad se limita a las juntas electorales provinciales. Difícilmente puede haber un delito de desobediencia de una institución democrática superior en el ejercicio de un derecho constitucional. Es también un nuevo despropósito político. Tras el referéndum del 1-O de 2017 la maquinaria policial, judicial y política del Estado se centró en instalar a Catalunya y a sus instituciones en la inestabilidad, pero esa estrategia ha derivado en una inestabilidad aún mayor en buena parte de las propias estructuras de poder del Estado. Igualmente, la sentencia de inhabilitación de Torra empeora la ya muy deteriorada imagen de España en Europa y en el ámbito internacional. No es sostenible defender la expulsión de un presidente elegido democráticamente por los ciudadanos por la exhibición de una pancarta. Torra es el tercer presidente consecutivo de Catalu-nya condenado por causas vinculadas al procés tras Mas y Puigdemont. Toda una generación de líderes políticos catalanistas en prisión, en el exilio o inhabilitados. Una gran anomalía democrática en un sistema que se basa en los valores de la democracia. La inhabilitación pasará por el Tribunal Constitucional camino de Europa y de nuevo la imagen de la judicatura española será muestra de su baja calidad democrática. Tampoco la muerte política forzada de Torra va a poner fin al conflicto político abierto en Catalunya desde hace más de 12 años. Al contrario, Catalunya se encamina a nuevas elecciones, posiblemente en febrero, con las expectativas de los partidos independentistas de aumentar su apoyo en votos ciudadanos con una ERC al alza y pese a la creciente fragmentación del espacio político de lo que fue CiU. Que Torra haya tenido más o menos carisma no ha modificado la correlación de fuerzas en Catalunya. El conflicto abierto sigue activo, aunque se quiera vender una realidad diferente. Y la inestabilidad de Catalunya sólo aumenta la del Estado. Y es difícil de entender, no ya que no se opte por buscar soluciones democráticas para la situación de Catalunya, sino que ni siquiera se quiera mirar al enorme desgaste que le está suponiendo la apuesta por la venganza judicial, la inestabilidad institucional, la confrontación política y la amenaza policial. Prepotencia y error.