s importante qué hace Juan Carlos de Borbón para tratar de escabullirse de sus responsabilidades judiciales por fraude fiscal. En diciembre regularizó -un eufemismo para encubrir posibles delitos y minorizar las consecuencias penales de los mismos-, una cantidad de 680.000 euros por una deuda tributaria de 2016 a 2018, cuando había abdicado. Ahora ha aportado otros 4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros. Juan Carlos de Borbón reconoce haber cometido fraude pero, al adelantarse a presentar la regularización antes de que se le comunicara la apertura de la investigación, intenta eludir la apertura de un proceso judicial que le impute el delito fiscal. Que había delinquido fiscalmente ya era público. Y que tenía derecho a tratar de solucionar sus problemas fiscales con la Agencia Tributaria por esta vía aprobada excepcionalmente -un privilegio diseñado al gusto de los grandes defraudadores, para más vergüenza-, también. El punto de gravedad añadida en su caso, que no es menor, es que ese escaqueo fiscal lo ha protagonizado quien ha sido durante casi 40 años Jefe del Estado. No solo no es irrelevante esa posición institucional, sino que es precisamente lo que ensombrecen el futuro del anterior Rey -y también del actual, su hijo Felipe-, y lo que le ha llevado a permanecer huido en Emiratos Árabes. Por eso, es una exigencia democrática mínima que la sociedad conozca con máxima transparencia la actuación de la Fiscalía en los casos que le afectan. De la Fiscalía, pero también del Gobierno y de la Casa Real. La democracia no solo necesita de esa información pública, sino que lo exige en su misma esencia democrática. Si no, la democracia española es, en efecto, incompleta. Qué posibles delitos persiguen a Juan Carlos de Borbón y qué actuaciones está llevando a cabo el organismo fiscal en la investigación y persecución de los mismos. Según lo publicado por los medios de comunicación, actos como evasión de capitales, fraude fiscal, ocultación de bienes en paraísos fiscales, tarjetas opacas y otras cuestiones por las que se le investiga en España y en otros países. Sabemos que los millones que paga ahora Juan Carlos de Borbón provienen de empresarios amigos que se los prestan -porque donárselos tiene un mayor coste fiscal, son amigos, pero no tontos-, y habrá que saber luego de donde sale el dinero para devolvérselo teniendo en cuenta cual ha sido su asignación oficial como Jefe de Estado. Es ironía. Esta nueva regularización de lo ocultado previamente a Hacienda coincide con el 40 aniversario del golpe político del 23-F, en el que su papel ha sido ensalzado por Felipe de Borbón mientras nuevas investigaciones históricas y periodísticas desvelaban más hechos y testimonios que cuestionan esa edulcorada historia oficial, y con el rechazo de nuevo en el Congreso a regular la inviolabilidad que le protege jurídicamente de sus propios desmanes. El favor del hijo al padre se lo devuelve el padre ahora con este movimiento que es un nuevo varapalo a los intentos por levantar la deteriorada imagen de la Monarquía española. Sigo defendiendo que la inviolabilidad del Jefe del Estado debe tener límites y no ser una tapadera para el delito y un argumento para justificar décadas de silencios cómplices de políticos, medios y otras estructuras del Estado. Ponerse una venda en los ojos no evita que haya luz.