ánchez anuncia la aplicación del indulto a los políticos catalanistas en prisión apelando a priorizar los "valores constitucionales" de la concordia y el entendimiento sobre los de la venganza y la revancha. Tiene razón política y argumento democrático. La solución al error del centralismo español que originó el bucle catalán hace más de una década vendrá del diálogo y de la democracia. La vía de la confrontación política y del insulto y de la persecución judicial solo lo complicará cada vez más. En este sentido, Sánchez, que cuenta con el apoyo de las fuerzas progresistas que le acompañan en su amplía mayoría en el Congreso -incluidos Geroa Bai, PNV y EH Bildu- insiste en su apuesta por mirar hacia adelante y buscar espacios de reencuentro y acuerdo en Catalunya. Aunque es una potestad exclusiva del Consejo de Ministros, el PP, Vox y los sectores más conservadores de la Fiscalía y del Poder Judicial ya se han agitado en sus cómodas poltronas. Y el Tribunal Supremo ha vuelto a irrumpir en el sistema democrático para vocear que esa solución le parece inaceptable. Una muestra del bajo nivel democrático y garantista de sus miembros actuales. Inaceptable es el asalto de la judicatura afín a la derecha y la extrema derecha a la división de poderes democrática. El objetivo es incentivar el ruido y la confrontación para mantener el ejercicio de la política en un estado permanente de polarización. Basta recordar el largo historial de indultos que han protagonizado los dos grandes partidos de gobierno en el Estado. Desde indulto del Gobierno de Felipe González al exgeneral golpista Alfonso Armada, condenado a 26 años como promotor del 23-F, y que el propio Supremo defendió por "equidad" al considerar las penas "innecesarias para la evidente corrección o reinserción del condenado". O el indulto del Gobierno de Aznar a José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey como dirigentes del grupo terrorista GAL apenas medio año después de su ingreso en prisión. O el apoyo de ambos partidos al indulto para el también golpista Antonio Tejero por razones de "conveniencia pública" con el fin de contribuir "al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado". Ninguno de los indultados mostraron como condición arrepentimiento alguno. Al contrario, han hecho alarde de las causas de sus condenas de forma tan indigna como impune. Sonrojantes ejemplos de una larga la lista de corruptos, narcos, torturadores... Y el Supremo no los consideró inaceptables. Otra prueba más del déficit democrático que ha supuesto la progresiva judicialización de la política y la politización de la justicia en el Estado español. Y ejemplos de que la misma pervivencia de esa medida de gracia del indulto tal como se concibió nada menos que en 1870, resulta no solo una herencia del absolutismo monárquico, sino una completa arbitrariedad que PP y PSOE han utilizado en favor de sus afines y amiguetes. Hoy, la vía de los indultos a los líderes catalanistas pueden ser una puerta abierta a abordar desde criterios políticos y democráticos lo que es un problema político y democrático entre Catalunya y el Estado. Cuando impera el criterio de venganza, el sentido de la justicia garantista y democrática se diluye en la nada.
