e deja usted un panorama desolador". Es la frase del juez Manuel García-Castellón tras escuchar la declaración de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y principal investigador de Gürtel, la trama encabezada por Francisco Correa y que implicó a numerosos cargos públicos del PP. García-Castellón citó a Morocho dentro de la causa que investiga el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, conocida como caso Kitchen. Un escándalo de consecuencias políticas impredicibles aún para el PP a corto plazo. Que haya pasado desapercibido entre todo el humo que ha generado la fallida segunda foto de Colón, el barullo con Felipe de Borbón y el dabate forzado sobre los indultos quizá haya sido la única consecuencia positiva -es un irónico decir-, del fiasco de Casado el pasado domingo. En su demoledora y explosiva declaración, Morocho denunció todo tipo de presiones, ofertas de cambio de destino para apartarlo de la investigación de Gürtel, amenazas, censuras en sus informes... "A mi se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsables políticos, concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy", dijo ante el juez. El relato de Morocho a los pocos días de que el juez imputara en el caso a Cospedal y su marido, evidencia que las maniobras para torpedear el caso Gürtel se sucedían desde mucho antes y, además, estas procedían desde la propia cúpula policial y el Ministerio de Interior que dirigía Fernández Díaz, controlados desde el Gobierno de Rajoy. Una declaración quedesvela en toda su crudeza el montaje parapolicial de la cúpula de Interior y altos cargos de una policía política para espiar a Bárcenas y destruir pruebas que pudieran implicar al núcleo duro del PP. La eliminación de pruebas y la obstrucción a la justicia por parte del PP ya tenía como antecedente la destrucción a martillazos del disco duro del ordenador de Bárcenas. Ahora sabemos también que se ordenó el borrado de imágenes de las cámaras de la sede del PP en las que se podía ver a empresarios circulando con maletines de piso en piso. Destrucción de pruebas y obstrucción a la justicia se suman a la larga lista de delitos que se acumulan en los diferentes casos judiciales que mantiene el PP en los tribunales en diferentes causas vinculadas a las tramas mafiosas de corrupción. UPN celebra hoy su asamblea general y es de esperar que Esparza explique a sus militantes el coste del lastre político y electoral para su partido de compartir alianza y coalición con ese mismo PP. Es un camino a ningún lugar. En ese intento de destruir pruebas de valor judicial -un delito muy grave-, puede acabar citado también el expresidente Rajoy. De hecho, ya debe tener un lugar reservado en cualquier banquillo disponible en esos tribunales. Al tiempo. Ni siquiera son cosas del pasado. Esta misma semana, una jueza ha decretado el ingreso en prisión del hasta ahora vicepresidente de la Diputación de Almería y miembro de la ejecutiva del PP por un supuesto cobro de comisiones en la compra de mascarillas. Todo vale en el negocio del pozo de la corrupción.
