o sé que deparará el desarrollo de la mesa de diálogo que pusieron en marcha ayer los gobierno de Catalunya y Madrid con los presidentes Sánchez y Aragonés a la cabeza. Pero sin tener ninguna razón especial para ello y pese al cruce de desacuerdos y diferencias entre las formaciones catalanistas y la disparidad de prioridades entre los intereses de ambos gobiernos que han acompañados estos últimos días a la escenificación oficial de su inicio, apostaré en este caso por el optimismo. La esperanza en la democracia es lo último que quiero perder del todo. De hecho, ya supone la reactivación del diálogo institucional que nunca debió interrumpirse y la reconducción, es de esperar que de forma definitiva, hacia soluciones políticas democráticas tras una década de crudo enfrentamiento entre Catalunya y los poderes del Estado desde que el 28 de junio de 2010 el Tribunal Constitucional, tras recurso del PP, dictaminara la "ineficacia jurídica" del preámbulo del Estatut que definía como nación a Catalunya, declarara inconstitucionales 14 artículos y reinterpretara otros ocho pese a que hubiese contado con la aprobación de la sociedad e instituciones catalanas y tras el infame cepillado del Congreso español. Parece claro que el cansino rechazo del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Poder Judicial a cualquier iniciativa de diálogo y solución democrática en Catalunya no ha sido el camino adecuado para encontrar vías de solución a las demandas políticas y democráticas de los catalanes. Al contrario, ha sido ese un escenario de actuación que únicamente ha empeorado y profundizado en el desencuentro y el alejamiento. Tampoco la persecución penal y policial a los dirigentes políticos catalanes o la campaña política, judicial y mediática que lleva años situando a Catalunya como el enemigo aportan salida alguna. Sólo un diálogo político honesto desde convicciones democráticas puede facilitar acuerdos resolutivos entre el Estado y Catalunya. Es cierto que la mesa de diálogo deberá superar la disparidad de objetivos con que se sientan ambas partes a la misma y también las tensiones partidistas que se derivan de las diferentes estrategias políticas de ERC y Junts. La continua tendencia del Estado a una cada vez mayor recentralización, a los incumplimientos sistemáticos de los acuerdos políticos pactados e incluidos en los estatutos autonómicos y la vuelta al inoperante café para todos, oculto ahora bajo una ficticia cogobernanza, con el objetivo de rebajar o diluir la pluirinacionalidad constitucional, obligan a comunidades como Navarra, la CAV o Catalunya a apostar por la bilateralidad como arma para defender sus competencias y las capacidades propias de autogobierno para atender a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Ya digo que veremos cuál es el recorrido del diálogo político para buscar soluciones democráticas en Catalunya. No parece fácil, pero al menos se abre un nuevo camino por fin para una sociedad como la catalana que merece una solución real, democrática, legítima, viable y con plenas garantías. Un camino que necesitará también de confianza y lealtad. Si el diálogo acaba con acuerdos, la democracia y la estabilidad ganarán en Catalunya y en el Estado, pero si se impone el boicot político y mediático de las derechas al diálogo político como vía de búsqueda de soluciones democráticas, las cosas irán a peor para todos.