a entrada en vigor en 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, y la posterior nueva reforma del Código Penal para un mayor endurecimiento de los tipos penales, ambas con el único apoyo de la mayoría absoluta del Partido Popular, marcaron un antes y un después en la consideración y respeto de derechos y libertades fundamentales en el Estado español. Que la Ley de Seguridad Ciudadana supone una limitación de derechos básicos, de aquellos que la propia Constitución de 1978 ensalza y protege, tales que el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la intimidad personal o el derecho de manifestación ha sido una obviedad. Ahora, parece que finalmente el Gobierno de Sánchez aborda la derogación de una legislación que ha dejado como paso en su aplicación importantes dosis de déficits democráticos. PSOE y Unidas Podemos negocian ya con el PNV -la formación que insistentemente ha reclamado la derogación de la normativa-, y el resto de los grupos parlamentarios que sustentan su mayoría política en el Congreso una decena de cambios legislativos que dan la vuelta al corazón punitivo de la Ley Mordaza. Sobre todo, para proteger mejor derechos constitucionales y acabar con excesos autoritarios de la ley del PP, “como la detención durante seis horas sin justificar —pasará a dos horas-, las limitaciones para grabar una protesta, la aplicación de multas desorbitadas, el uso de material antidisturbios como las pelotas de goma o la presunción de veracidad total del atestado policial”. La Ley Mordaza ha sido una normativa involucionista desde el punto de vista democrático que ha degenerado en un retroceso inaceptable de otra libertad fundamental como es la libertad de prensa y de información. Un engendro legal que ha recortado derechos civiles y políticos. Con retraso -el compromiso electoral y político de Sánchez de terminar con ella lleva años a la espera de cumplirse-, la Ley Mordaza va camino de pasar a la historia como pasó también la Ley Corcuera de la patada en la puerta que tumbó el Tribunal Constitucional. Un primer paso al que deben seguir otras decisiones políticas que reviertan también los sucesivos ataques a los principios constitucionales que salvaguardan derechos democráticos fundamentales, una estrategia de involución democrática y autoritarismo reaccionario que se fue construyendo con la aprobación no sólo de la Ley Mordaza, sino también con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal o con los progresivos endurecimientos del Código Penal que han ido laminando y minorizando las garantías del Estado de Derecho. Esos cambios han regresado hacia un modelo autoritario que abre la puerta a la persecución de cualquier disidencia con la verdad oficial. Forma parte de un corpus ideológico, político, económico y judicial que se expande contra los valores democráticos para que los poderes oscuros puedan blindarse la máxima impunidad para cometer sus tropelías. Y la reforma de la Ley Mordaza ya llega tarde para cientos de personas que han sufrido condenas, cárcel y multas por ejercer sus derechos políticos y civiles democráticos fundamentales.