a presencia de la directora del CNI Paz Esteban -en teoría al menos la jefa del espionaje oficial del Estado español, aunque vista la realidad hay más jefes que indios ahí dentro-, y de la ministra de Defensa Margarita Robles, su superiora, en el Congreso solo ha dejado claro que el oscurantismo y la desinformación son las pautas de conducta que dominan el devenir de los casos de espionaje a políticos catalanistas y a miembros del Gobierno de Sánchez. Más o menos está claro que se ha espiado a todo dios, a unos pocos presuntamente con aval judicial, a los miembros del Gobierno, por ahora Sánchez, Robles y Marlaska, se desconoce la autoría del asalto a sus aparatos móviles oficiales y al resto -ni se sabe con exactitud la cifra pero pueden ser decenas o centenares de ciudadanos-, tampoco. Nadie quiere asumir las responsabilidad ni del agujero de seguridad ni del escándalo que supone este espionaje masivo ilegal e inconstitucional. Ni tampoco parece haber un interés real en investigar qué ha ocurrido exactamente. Los principales protagonistas políticos del Gobierno -Moncloa, el CNI y los ministros Robles y Marlaska-, se señalan unos a otros con filtraciones interesadas que buscan traspasarse las responsabilidades. De momento, nadie está dispuesto a dimitir -lo habitual-, por unos hechos democráticamente inaceptables y el Gobierno y la Legislatura penden de nuevo de un hilo. Es cierto que Sánchez lleva meses caminando por el alambre y hasta ahora ha logrado sobrevivir votación a votación, algunas por pura chiripa, pero la flor se puede marchitar en cualquier momento. No es solo la confrontación interna con Unidas Podemos en el Gobierno o la batallas desatada entre los ministerios implicados en el espionaje político, sino que sus consecuencias apuntan a una nueva pérdida de confianza de sus principales socios en el Congreso. Quizá ya la definitiva. La inestabilidad es ahora el estado político permanente del Gobierno. El president Aragonés, otro de los espiados mientras negociaba con Sánchez, exige que se desclasifique el auto judicial que presuntamente avaló la intervención de sus comunicaciones. Es lo mínimo. Crece la presión para que se deriven responsabilidades políticas y se suceden procesos judiciales impulsados por las personas afectadas, aunque con un futuro incierto porque en realidad en el fondo de esta terrible escena están las bambalinas desde donde mueve los hilos del sotogoberno paralelo el Estado oscuro. Ese submundo de poder político, financiero, mediático, militar, empresarial y policial que se superpone al poder político democrático cubierto por un impenetrable manto de impunidad absoluta. Un espacio paralelo de profundo poder fáctico que supone una peligrosa anulación de la ética constitutiva de la democracia. Si los mal llamados intereses del Estado están por encima del derecho constitucional a la información y a la verdad de las ciudadanas y ciudadanos, la influencia política de estos queda reducidan a la nada de la formalidad inútil. Este espionaje masivo saca a la luz en todo su alcance el poder de ese sotogoberno paralelo a las instituciones legítimas y democráticas del Estado. Si no hay una reacción contundente la degeneración democrática será cada vez más irreversible. La democracia no será plena ni avanzada ni siquiera imperfecta. Simplemente no será.