Pese a que la noticia que adelantaba ayer lunes DIARIO DE NOTICIAS de que el Arzobispado de Pamplona rechazaba finalmente participar en la comisión que investiga los abusos sexuales de la Iglesia católica en Navarra era un secreto a voces, no deja de ser la confirmación de una decisión lamentable e inexplicable. El argumento principal, que sigue las directrices de la jerarquía católica española, es que se investiga únicamente los abusos en el seno de las organizaciones dependientes de la Iglesia católica y no los casos de víctimas de abusos en otros ámbitos. Eso, que a su juicio señala exclusivamente a esta institución religiosa, es una excusa que en ningún caso puede justificar el abandono y dejación de responsabilidades con esas personas, en muchos casos niñas y niños, que sufrieron abusos y humillaciones de carácter sexual precisamente en el seno de organizaciones católicas. Los casos en la Iglesia católica no son una parte de un todo global, son por sí mismos un todo, porque es innegable que esos abusos se produjeron en un ámbito de poder e impunidad derivados del amplio control que la institución religiosa ejerció sobre todos los niveles del sistema educativo, desde seminarios y conventos a centros de enseñanza y formación al amparo del poder absoluto que otorgó la dictadura franquista al nacionalcatolicismo. Y, en todo caso, clarificar estos abusos silenciados en la Iglesia católica no excluye la posibilidad de acometer, con el mismo rigor, investigaciones paralelas en otros ámbitos que también reúnan las características de su ocultación, laxitud o complicidad. Es cierto que el caso de la Iglesia católica en el Estado español no es una excepción y que el modus operandi de abusos infantiles a miles de niños y niñas se repite en otros países, pero también lo es que ha habido otras diócesis católicas de igual o mayor influencia aún que la española cuya actitud ha sido activa y favorable a investigar e impulsar el reconocimiento de esas víctimas. De hecho, la posición del Arzobispado de Pamplona y de la mayoría de la jerarquía episcopal española se aleja de las directrices que ha lanzado desde el Vaticano el Papa Francisco sobre este tema. Seguramente, porque es una de la jerarquías más reaccionarias y conservadoras y opuesta a las reformas de Francisco. Sigue habiendo un abismo entre el mensaje evangélico de Jesús y la realidad cotidiana que protagonizan algunos miembros del poder católico, la misma diferencia de siempre entre la Iglesia como comunidad de personas creyentes y la Iglesia como institución de miedo y poder político y económico terrenal. Pese a ello, la Ley de Reconocimiento a las Víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica en Navarra sigue adelante y es una pequeña puerta a la esperanza de que lo que corría el riesgo de abrir y cerrar en falso una imprescindible iniciativa de claridad, verdad, justicia y reparación de las víctimas de abusos obtenga la solvencia debida para afrontar con garantías el objetivo de denuncia y amparo social. Porque no es un juicio ideologizado a la Iglesia lo que va a servir para reparar a el daño causado, sino una sincera actitud de hacer aflorar la tortura que supuso para las víctimas infantiles el silencio y la responsabilidad de quienes, individual o colectivamente, colaboraron a ello.