Agosto y fuego acostumbran a caminar juntos. Cada año asistimos a las mismas imágenes y a los mismos desastres. Está ardiendo medio Estado español: Castilla y León, Asturias, La Rioja, Galicia, Extremadura, Madrid, Cádiz... Una veintena de incendios –14 aún activos–, han quemado miles de hectáreas, más de 100.000 ya en lo que va de 2025 y causado la muerte de dos personas y cinco se encuentran heridas de gravedad. En lo que va de verano han sido detenidas ya 25 personas, cinco de ellas en los últimos días, por su presunta vinculación con el origen de estos últimos fuegos.

Es cada año más evidente que la alerta climática influye en el calentamiento global, el aumento de las temperaturas y en la propagación de los fuegos. Y todo indica que las olas de calor extrema van a seguir y cada vez van a ser más amplias. Inmensos incendios asuelan estas semanas también Canadá, California o Australia. Miles de hectáreas de monte, reservas naturales con sus hábitats vegetales y animales, son pasto de las llamas.

A estas alturas nadie piensa en un cúmulo de casualidades. Es cierto que las altas temperaturas y la sequedad del terreno contribuyen a la extensión de los fuegos, pero al margen de la responsabilidad humana en el cambio climático global y pese a la dificultad para discernir si un incendio ha sido provocado o no, las estadísticas concluyen que un 65% de los mismos son intencionados y solo un 23% tienen origen en una negligencia o un accidente.

El fuego ha estado presente también en Navarra, primero en la zona de Obanos con más de 320 hectáreas quemadas y esta misma semana en Carcastillo con otras 200 hectáreas y en ambos casos la intervención de los bomberos y los medios de extinción de incendios permitieron controlar a tiempo la expansión de las llamas y perimetrar los fuegos. Los dos tuvieron origen en la intervención humana. En el primer caso, por una chispa procedente de una empacadora y en el segundo por causas que aún investiga la Policía Foral. Hay pirómanos, imprudentes e incendiarios. La palabra pirómano procede del griego y está formada por las ideas pir (fuego) y mania (locura). Se refiere a una persona con una enfermedad de trastorno mental que tiene gran interés por el fuego: producirlo, observarlo o extinguirlo.

No debe ser confundido con el incendiario, que es aquella persona que intencionadamente decide quemar una parcela de terreno para conseguir recalificaciones de suelo, compraventa de madera barata, cobrar un seguro o sólo por hacer daño. Ni con el imprudente, que antepone su propia comodidad o la atención de sus intereses particulares por encima del cumplimiento de las normas básicas de comportamiento social y de las normas mínimas para intentar garantizar al máximo la prevención.

Pero también hay responsabilidades políticas. Comunidades como Galicia, Castilla-León o Andalucía han hecho propaganda de sus recortes en el gasto en prevención de incendios y han sido ejemplo de privatizaciones de los servicios de bomberos y de vigilancia forestal. Más allá del barullo político permanente en que está inmersa la actual política española, casi siempre con resultados ineficaces para el interés general de los ciudadanos, la exigencia de responsabilidades es una obligación democrática ineludible.