Cinco meses y un día después de que los miembros de la autodenominada Manada violaran a una joven en Sanfermines, Pamplona fue escenario de una más que presunta doble violación con sumisión química.

Mientras los responsables del primer delito fueron condenados, después del recurso de la Fiscalía, a 15 años de prisión, por el segundo caso no ha habido ni siquiera juicio. Todo ha quedado resumido a una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por la mala praxis judicial, que el propio Estado español ni siquiera se ha molestado en recurrir. Y no la ha hecho porque no hay forma de justificar lo sucedido, que no es sino la suma de un montón de escandalosas irregularidades cuya explicación de no cabe en este texto.

Por resumir algunas, cabe recordar que al comienzo de la instrucción judicial varias de las pruebas clave desaparecieron en custodia policial y, qué casualidad, en la unidad de la Policía Nacional que se encargaba del asunto trabajaba el cuñado de uno de los sospechosos. También se perdió el rastro del informe forense sobre los datos de los teléfonos móviles de los procesados y se esfumaron las imágenes de las cámaras del bar donde se conocieron las chicas y los acusados.

Por si fuera poco, se borró por completo el disco duro donde se almacenaban todos los datos de los dispositivos móviles de los dos hombres. En definitiva, una instrucción de vergüenza ajena, donde quedó violada hasta la Justicia y que contiene material más que de sobra para hacer una exitosa serie televisiva.