A menos de un año de que termine la legislatura, el Parlamento de Navarra se ha embarcado en una jugada de cierto riesgo. La iniciativa que busca extender el carácter protegido de vivienda social en alquiler genera algunas dudas, al legislar a posteriori acerca de bloques de pisos cuya expectativa al ser construidos era pasar al mercado libre.

Se trata de un movimiento político ambicioso, que busca dar respuesta urgente a una necesidad ciudadana real –en el mercado libre los precios del alquiler resultan inasumibles para muchas familias– sin necesidad de invertir decenas o cientos de millones de euros, que cuenta con respaldo legal, y que sirve también para retratar a UPN y PP, que rechazan asimismo regular el alquiler por habitaciones y el de temporada. Dicen que embridar el mercado crea inseguridad jurídica y no soluciona nada, pero callan el verdadero propósito de sus políticas: que la vivienda siga siendo un bien de inversión y no un derecho.

Una concepción de lo común ligada siempre al beneficio particular y la consideración de la VPO, si acaso, como un trampolín hacia un piso y un barrio mejor. Por mucho que diga Esparza, no tiene UPN mucho de lo que presumir en esta materia. Poco tiene que ver la actual coyuntura con la de 2000-2007, periodo en el que los precios subieron a toda velocidad y cuando la calificación permanente de la vivienda ya era una realidad en la CAV, por ejemplo.

No es el único caso. Muchas de las medidas económicas que plantean UPN y PP para Navarra siguen ancladas en viejos dogmas fracasados, como si el mundo no se hubiera transformado de modo radical en las dos últimas décadas y como si su último paso por el poder no hubiese terminado con una comunidad arruinada y una caja de ahorros quebrada.