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Todos tenemos secretos: personas, familias, corporaciones, organizaciones e instituciones. Las nobles y las infames. Los secretos oficiales constituyen el paradigma de la ocultación deliberada. El Estado protege sus miserias del conocimiento de sus propios ciudadanos. Ese oscurantismo pervierte la realidad. Violenta la transparencia democrática. A la verdad le faltan piezas. Se hurtan datos para formar opinión certera. El relato está incompleto. Y así seguirá. El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de una nueva Ley que derogará la franquista de 1968. Dice que es para adaptar la regulación al ordenamiento constitucional y a los estándares de la Unión Europea y la OTAN. Se establecen cuatro categorías en función de la “sensibilidad de la información”: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación oscilan entre los 50 y los 4 años. En todo caso, con posibilidad de prórroga. Se crea una Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada. Las denegaciones de acceso a la información podrán ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. Hasta la tramitación definitiva del texto, el material clasificado seguirá igual. Cambiar para que nada cambie. Estilo PSOE. Eso no es un secreto.

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El corredor ferroviario navarro de alta velocidad está en pañales. Tira del proyecto una máquina político-administrativa de vapor. La obra es competencia del Estado. La conexión con la llamada “Y” vasca está por decidir. ¿Vitoria (Álava), Ezkio (Guipúzcoa) o una fórmula mixta? El Ministerio de Fomento presentó en Pamplona la alternativa Vitoria-Gasteiz como “la más favorable”. Del cuatripartito que sustenta a Chivite, solo Geroa Bai es favorable al TAV. Con Navarra Suma apoyó en el Parlamento (2018) la opción Ezkio. “En otoño habrá noticias”, adelantó el Delegado del Gobierno en Euskadi. Para los socialistas navarros, “lo importante es que llegue”. Pendientes de Madrid. Muy del PSN.