En este mes de junio se han cumplido 17 años de la transferencia del personal de Justicia a la Comunidad Foral de Navarra. El traspaso fue pactado por los gobiernos del PP, Aznar en Madrid, y UPN, Sanz en Navarra. Lo habitual es que la comunidad receptora asuma la competencia, las funciones a realizar y el personal, haciéndose responsable del servicio y pudiendo intervenir en su diseño y en las condiciones laborales.

Pero, en esta ocasión, los negociadores decidieron innovar. Con la disculpa de una pretendida especialidad de la Administración de Justicia, acordaron una transferencia incompleta. Se renunció a diseñar un modelo propio, a pesar de las evidentes carencias de un sistema decimonónico. De paso, se aprovechó para ahorrar en los salarios del personal, cuya cuantía y estructura se mantuvo idéntica a la del Estado, con la intención de no equipararlas a las retribuciones forales. A juicio de ELA, esto supuso una dejación de la obligación de ejercer la función con responsabilidad y conforme a las necesidades de la ciudadanía navarra. En lo laboral, podemos decir que fue una estatalización de las condiciones de trabajo de personal transferido.

La estructura, la demarcación de los partidos judiciales, el número y tipo de oficinas, la plantilla... sigue dependiendo casi exclusivamente del Ministerio de Justicia. Como consecuencia, la ciudadanía soporta notables diferencias en la calidad y agilidad de respuesta según sea su lugar de residencia. La pretendida eficacia de la justicia navarra va por zonas. En ocasiones, los ciudadanos no tienen acceso a un servicio especializado y con medios adecuados, en otras deben soportar desplazamientos absurdos por una demarcación inadecuada.

Por otra parte, el personal, además de soportar la precariedad que suponen las diferencias salariales con el resto del sector público de Navarra, también padece muy distinta carga de trabajo según su centro de destino. Como resultado, los titulares evitan determinados puestos complejos. La elevadísima temporalidad se territorializa y se concentra en algunos servicios saturados y escasamente dotados con el consiguiente deterioro del servicio por la precarización de las plantillas y la falta de formación.

Durante estos 17 años han sido muchos los conflictos que los sucesivos gobiernos han mantenido con el personal de justicia. Y salvo logros puntuales después de duras movilizaciones los escasos resultados, sumados a las políticas de recorte, han generalizado la frustración el hartazgo de la plantilla. Destacamos, por su contundencia, la huelga de julio de 2013, con ELA a la cabeza, pese a su menor representación en aquella etapa. Durante aquella movilización, el portavoz del Gobierno de UPN, señor Sánchez de Muniáin, llegó a decir que “El Ejecutivo foral no podía modificar unas condiciones laborales que el Ministerio de Justicia impone para todos los funcionarios de justicia de todas las comunidades”. Se le olvidó decir al actual parlamentario que la transferencia fue negociada y pactada en el seno de una “comisión negociadora”, no “impuesta”, y que los límites fueron aceptados por el Gobierno foral tanto en relación a las retribuciones baratas como en lo que suponen de renuncia a mejorar la prestación del servicio. El éxito de la huelga y la rectificación parcial del Ejecutivo en sus propósitos demostró que su afirmación era falsa. Pero, eso sí, los/las responsables de los sucesivos gobiernos alardean siempre de alto grado de eficacia de la Administración de Justicia. Eficacia que es debida a labor que presta el personal, con esfuerzo, dedicación y profesionalidad.

En estas fechas, la plantilla se moviliza de nuevo. Desde aquí recordamos que el personal de justicia de Navarra es el peor retribuido de la Administración Foral. Con respecto al resto del Estado también sale muy mal parado, con la paradoja de que comunidades en las que el coste de la vida está a años luz del de Navarra, tienen mejores salarios. Se nos ha discriminado respecto al resto del sector público puesto que no tenemos la paga del 2012 anticipada, la tenemos sustraída. El personal de justicia del Estado ya la ha recuperado y las categorías más altas, nuestros jefes, también.

En 2015 llegó el Gobierno del cambio, cuyos responsables conocen perfectamente nuestra injusta situación, tanto por las visitas hechas en su día a la comisión parlamentaria como por la dilatada carrera como letrada de la consejera. Sin embargo, el cambio no ha llegado a la justicia, el presupuesto del cuatripartito para la Administración de Justicia sigue siendo el menor por habitante de todos los territorios. Las reivindicaciones han sido planteadas en Mesa sectorial. La plataforma de ELA incide en la profundización de la transferencia para la mejora del servicio y para poner fin al trato injusto y discriminatorio del personal público peor retribuido de toda Navarra. La plantilla de Justicia tiene que ocupar el lugar que por derecho y eficacia le corresponde y exige una respuesta al actual Gobierno.

La autora es delegada de ELA-Justizia