El pasado 12 de abril el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral de Contratos Públicos que alberga cuestiones muy interesantes e importantes. Ni más ni menos, va a suponer que en los concursos públicos se tenga en cuenta, no sólo el precio, sino también la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales de carácter preceptivo y transversal, esto es, sujetas a control en todas las fases del proceso, incluida la ejecución, así como de igualdad de género, impulso a las pymes, Investigación y Desarrollo (I+D), etcétera.

Esta nueva normativa, que ha sido calificada por los distintos partidos políticos que la han apoyado -Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E-, como la “ley más importante de la legislatura”, coloca a la contratación pública como eje para el cumplimiento de los objetivos de la llamada Estrategia Europa 2020, es decir, “conseguir un desarrollo económico, inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos.”

“Uso más eficiente de los fondos públicos”, resume en muy pocas palabras uno de los objetivos más importantes de la Ley Foral de Contratos Públicos, y más en los tiempos en que estamos. Pero, además, esta ley trata de diseñar, en mi opinión, un nuevo sistema de contratación pública transparente, concepto en el que creo que se debe profundizar para garantizar una buena gobernanza, una gobernanza que logre la confianza de las ciudadanas y los ciudadanos.

Un aspecto fundamental es que con esta ley ya no se busca tanto la eficiencia económica o comprar más barato. La nueva ley abandona esas ideas: la oferta económicamente más ventajosa ahora es aquella oferta que obtenga una mejor calidad/precio.

Precisamente, la obtención de una mejor calidad en lo que se está adquiriendo es un puntal importante de la nueva ley, y será mediante la inclusión de distintas políticas como se adquiera productos de mejor calidad. Esa mejor calidad se va a encontrar con la inclusión de criterios sociales, de igualdad de género y medioambientales de carácter obligatorio y universal, ya que de esta forma se posibilitará una mejor eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Así, y, por ejemplo, esa calidad en lo que respecta a los productos agroalimentarios se logra con la promoción en la adjudicación de productos de proximidad, km. 0, soberanía alimentaria, no trastocados genéticamente y de agricultura ecológica, y que está muy unido a la consideración de incorporar los productos de nuestra comunidad y su valor social.

En lo que concierne a la inclusión de criterios medioambientales, permitirá favorecer la llamada economía circular, que es uno de los pilares de la Ley Foral de Residuos, que en la actualidad se encuentra en trámite parlamentario, y que pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento, o lo que es lo mismo, se cambie la mentalidad pensando en los residuos como recursos, aprovechándose una y otra vez en un proceso cíclico; además de avanzar y progresar en la configuración de una administración pública ambientalmente ejemplar mediante el impulso de la compra y contratación pública verde en Navarra.

Por otra parte, si retomamos el hilo de los criterios sociales, varias son las medidas que se van a adoptar, como aquellas destinadas a establecer una reserva de contratos para centros especiales de empleo o empresas de inserción, y favorecer de esta forma la integración social de los sectores más desfavorecidos.

Otro elemento a destacar es que la nueva ley incorpora a su regulación el apoyo a las pymes (ofrecen el mayor potencial de empleo) al añadir la obligatoriedad de introducir lotes en la adjudicación de obras y trabajos. Ello puede permitir, sin duda alguna, una entrada importante de las pymes a los contratos públicos, con el aumento de la concurrencia que se va a dar con la generalización de la contratación por lotes.

Esta nueva ley también apuesta por la contratación electrónica. La licitación electrónica será obligatoria y se crea una plataforma on line. Esta opción es la que se viene implementando desde instancias europeas y que ya ha comenzado en Navarra.

En definitiva, el Gobierno de Navarra debe garantizar esta ley, que es ni más ni menos realizar un uso más eficiente de los fondos públicos mediante una gestión basada en la transparencia informativa y fiscal, de cara a combatir el fraude, el clientelismo, la corrupción y el amiguismo.