En los próximos meses se verá si hay posibilidad de aprobar una nueva ley en el Parlamento de Navarra que reconozca los derechos lingüísticos de todas las ciudadanas navarras, o, por el contrario, se sigue alimentando el apartheid lingüístico discriminatorio. En opinión de LAB es imprescindible un nuevo marco legal que garantice igualdad, justicia y reparación a los hablantes de las dos lenguas propias de Navarra.

Entre los objetivos de la ley vigente de 1986 aparece el derecho de la ciudadanía a conocer el euskara, su recuperación y garantizar su utilización. Pero sus creadores y defensores la han utilizado para todo lo contrario en estos 32 años, es decir, para que los ciudadanos no aprendan euskara, para que no se recupere y para poner continuas trabas a su normalización. La zonificación impuesta blinda la vulneración de derechos lingüísticos de las ciudadanas, otorgando diferentes derechos a cada una dependiendo del municipio en el que se encuentre en cada momento. Por otra parte, se utiliza para imponer el supremacismo de los monolingües sobre los bilingües: “el conocer una única lengua navarra debe dar más oportunidades que conocer las dos”. La ley retrógrada deja en la mayoría de casos en manos de la Administración garantizar o no los derechos lingüísticos de las ciudadanas. La mayor parte de la población bilingüe no tiene opción de elegir qué idioma usar ante la Administración o los servicios médicos. Frecuentemente, las trabajadoras con perfil lingüístico en euskara en la Administración tienen peores condiciones laborales: medias jornadas en administrativos, en la universidad los créditos en euskara van unidos a contratos temporales? Dejando Educación a un lado, sólo un 1% de los puestos de la Administración tienen perfil de euskara, muy lejos de la realidad sociolingüística a la que aluden algunos; en el Complejo Hospitalario, un solo puesto de 6.000. En la zona no euskaldun, en las ofertas públicas de empleo se valora más el alemán que el euskara, siendo lengua propia de Navarra.

Se agradece el cambio de dirección realizado durante esta legislatura aunque no sea suficiente: accesibilidad a los medios de comunicación en euskara, presencia del euskara en actos institucionales, oferta del modelo D en todo Navarra, introducción del euskara en los pliegos de adjudicación de contratos públicos que darán atención a la ciudadanía? Pero a pesar de paliar la discriminación, se sigue sin garantizar los derechos civiles lingüísticos: el decreto aprobado en consonancia con la Ley del Euskara da pasos minúsculos y ratifica la zonificación y la vulneración de derechos; los funcionarios en puestos con perfil en euskara no pueden acceder a los de perfil en castellano, a pesar de ser muy capaces (solo ocurre con este perfil lingüístico); el modelo D se oferta en todo Navarra pero no se garantiza la inmersión lingüística; en todas las administraciones bilingües del Estado y en todas las listas de Navarra se usa -con toda lógica- la lista única, salvo en Educación, que está prohibida por ley; a las ikastolas, que durante décadas sin apoyo institucional y a costa de endeudarse han sido las únicas que han ofertado el modelo D en la zona discriminada, no les ha llegado de momento el reconocimiento y las garantías de supervivencia que menciona el Acuerdo Programático?

La necesidad de cambiar la ley es imperiosa. Los complejos y la falta de valentía no son buenos compañeros de viaje. Los derechos individuales no pueden estar a merced de las mayorías del momento o de la realidad sociolingüística, como los derechos de las personas negras no dependen de los caprichos de la mayoría blanca. Tristemente, dentro del cuatripartito hay quien dice que está cómodo en la situación actual, donde hay una vulneración sistemática de los derechos lingüísticos, los cuales tienen categoría de derechos humanos.

La nueva ley debe poner en el centro a la ciudadanía. La ley debe garantizar los derechos del euskara y de los euskaldunes de Navarra que se recogen en la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas que ha firmado y ratificado el Estado español. Tal y como se recoge en la propuesta que presentó LAB en el Parlamento, la nueva ley debe dar al euskara estatus de oficialidad en todo Navarra, y reconocer a todas las ciudadanas los mismos derechos, aparcando la zonificación y dejando que las políticas lingüísticas adapten la ley a la realidad de cada municipio. Debe ser una ley dinámica que posibilite la cooficialidad y la normalización del euskara y no limitante. Debe asegurar que ningún ciudadano sea discriminado por usar cualquiera de las lenguas navarras. Debe discriminar positivamente la lengua minorizada. Debe reconocer el derecho universal de toda Navarra a aprender euskara gratuitamente. En Educación, debe haber un único modelo lingüístico integral que garantice la inmersión en euskara y el plurilingüismo, y a la vez, impulse la cohesión social y ayude a superar la actual situación de segregación -tal y como defienden la mayoría de agentes del entorno del euskara y en sintonía con la tendencia mundial de las sociedades plurilingües-. Se deben ofrecer a todas las administraciones recursos económicos y humanos para poder realizar políticas lingüísticas efectivas y garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir el idioma. Por último, se deben regular los derechos de las trabajadoras a aprender euskara, trabajar en euskara y desarrollar las relaciones laborales en euskara.

Por todo ello, LAB llama a toda la ciudadanía a acudir a la manifestación convocada por Kontseilua el 27 de octubre a las 17:00, y a llenar las calles de Pamplona con un clamor por la igualdad, la justicia y la cohesión. Debemos aprovechar la oportunidad que se nos brinda para que por fin el euskara sea oficial en todo Navarra, behingoz (de una vez por todas).

Los autores pertenecen a LAB y son: Secretaria nacional de Euskera; portavoz de Navarra; y responsable de Euskara en Navarra, respectivamente