hace unas semanas, Oxfam Intermón publicó el informe Desigualdad 1-Igualdad de Oportunidades 0. La inmovilidad social y la condena de la pobreza, que posteriormente presentó en el Foro Económico Mundial de Davos. Dicho informe constataba lo que algunos hemos repetido en numerosas ocasiones: que la polarización entre ricos y pobres se ha agudizado en España. O, dicho de otro modo, que la recuperación económica de la que hablan las grandes cifras macroeconómicas no se ha trasladado a todas las familias. Uno de cada seis hogares de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y aún no ha salido de esa situación. Y, en cambio, las rentas altas han crecido desproporcionadamente. Los ricos son más ricos; y los pobres, más pobres.

Ni siquiera en Navarra, donde la economía parece ir bien, la recuperación es total. Prueba de ello es que es la única comunidad en la que creció el paro en 2018, según la EPA. También podríamos hablar de la calidad del trabajo que se crea o de las altas tasas de siniestralidad laboral. Pero eso daría para otro artículo.

Les cuento todo esto porque cuando los socialistas llegamos al Gobierno de España en el mes de junio tuvimos muy claro que nuestras prioridades iban a ser la recuperación de derechos y la búsqueda de soluciones a los problemas reales de la gente. Porque nosotros y nosotras trabajamos para las personas. Algo que parece tan evidente pero que a menudo se difumina en el discurso político de la descalificación y del “cuanto peor, mejor”.

A los hechos me remito. En estos pocos meses, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado medidas sociales como la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 900 euros, el Plan de Choque para el Empleo Joven o la activación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Ahora queremos dar un paso más. El que podría regir nuestro país durante este año. Un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que destina más del 57 por ciento de los recursos a políticas sociales, que responde a las demandas de la calle, que apuesta por un modelo de país mejor, más justo, más solidario, más redistributivo. Que pasa de la inacción de años atrás a la acción, a los hechos.

Cuando hablo de un país mejor hablo también de una comunidad mejor, evidentemente. Porque aquí en Navarra no somos ni mucho menos ajenos a las decisiones que se toman en Madrid.

Estoy pensando por ejemplo en los pensionistas que fueron soporte de muchas familias durante la crisis. Si estas cuentas salen adelante, 125.153 navarros y navarras verán incrementada su pensión. De ellos, más de 85.000 se ahorrarán, además, el copago farmacéutico.

Pienso también en los cuidadores y cuidadoras, pieza clave en la atención a las personas dependientes. Son unos 1.400 en nuestra comunidad, que recuperarán su cotización a la Seguridad Social.

Pienso en los mayores de 52 años que no tienen trabajo y ven con desesperación cómo se van cerrando puertas en el mercado laboral. Son más de 1.800, que podrán cobrar el subsidio del que les privó el gobierno del Partido Popular.

Pienso en las familias para las que la conciliación es un reto diario. Apostamos por la corresponsabilidad y aumentamos de 5 a 8 semanas el permiso de paternidad, una medida que beneficiará a más de 3.100 navarros.

Y tampoco me olvido de las víctimas de la violencia de género. Seguimos poniendo a disposición de los ayuntamientos recursos económicos para combatir esta enorme lacra social.

Pero, además, el Ejecutivo ha sido sensible a las necesidades de inversión de nuestra tierra y ha previsto partidas por importe de 108,51 millones de euros para Navarra. El año pasado fueron 56,44 millones, así que la cuenta es sencilla: la inversión prácticamente se duplica este 2019.

No voy a entrar en detalles porque los medios de comunicación ya han explicado el destino de esa cifra. Pero sí les voy a recordar que en Madrid están comprometidos con las obras que son importantes para el desarrollo futuro de nuestra comunidad, como el Tren de Altas Prestaciones. Y aquí no valen miradas cortoplacistas. Porque si Navarra no cuenta con esa línea de alta velocidad, en unos años se habrá convertido en una isla dentro de España y dentro de Europa. Y nuestras empresas tendrán muchas más trabas para exportar sus productos. Y habremos perdido una gran oportunidad tanto en términos económicos como de cohesión social y territorial.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 son, en definitiva, unas cuentas para un cambio de ciclo. Para abrir un tiempo nuevo que ponga a las personas en el centro de la gestión pública. Para dar respuestas y soluciones. Porque el Gobierno de España piensa en la gente. Falta por saber en quién o en qué piensan las demás formaciones políticas.

El autor es delegado del Gobierno en Navarra