Voluntad política e inclusión ante la discapacidad

08.02.2020 | 21:24

el pasado cuatro de febrero, el Gobierno de Navarra hizo público el borrador de Plan de Discapacidad de Navarra 2019-2022. Basándose en la normativa, recomendaciones y consensos nacionales e internacionales, el Plan dice estar redactado desde la perspectiva de los derechos humanos, con una dimensión moral desde la que las personas con discapacidad, que como personas y como ciudadanos, son sujetos con una dignidad intrínseca, vean sus derechos reconocidos en igualdad de condiciones que el resto de la población, estableciendo los poderes públicos los medios necesarios para alcanzar tal fin.

El Plan refleja las importantes desigualdades que existen en el acceso al empleo de las personas con discapacidad por sexo, edad y tipo de discapacidad, y recalca que las empresas no están dispuestas a contratar a estas personas, la falta de apoyo para desempeñar el trabajo o la falta de orientación laboral. Es cierto, pero se olvida de recordar que la Administración es uno de los principales empleadores, y que hay personas con discapacidad, suficientemente tituladas, preparadas y capacitadas para acceder a la función pública, obviando el Gobierno de hacer balance de su papel real estos años, más allá de mantener en las convocatorias la reserva en el cupo de acceso. Seguramente esta falta de compromiso hace que tampoco figure el empleo como uno de los principios rectores de dicho Plan, que dice está orientado a la autonomía personal.

Es cierto que plantea como objetivo aumentar la tasa de empleo de las personas con discapacidad en condiciones de trabajo dignas y que como área de actuación recoge Trabajo y ocupación, pero para el acceso a la función pública normalizada propone sólo el mantenimiento y cumplimiento efectivo de la cuota de reserva para personas con discapacidad en todas las convocatorias de empleo público que se lleven a cabo. Poca cosa.

En paralelo a la llamada elaboración participativa del Plan, las firmantes hemos vivido el proceso seguido por una persona con discapacidad, suspendida en las oposiciones de maestros del 2016, intentando hacer valer sus derechos ante lo que consideró una discriminación por su disartria. Ha sido un largo proceso legal de dos años y medio, en los que su abogado invocó los mismos textos legales que inspiran el nuevo Plan y los distintos representantes políticos, técnicos y jurídicos de la Administración foral, lejos de valorar que se estaba hablando de derechos, consideraron que se estaban solicitando favores. Se trataba de una convocatoria en la que había 14 plazas reservadas para personas con discapacidad y sólo se cubrió una, para un maestro de la línea de euskera.

Por esta razón, bienvenido sea el Plan con su misión, visión, principios rectores, objetivos, líneas estratégicas, ejes de actuación y actuaciones, pero a veces las cosas son más sencillas. A veces basta con voluntad política y actitud abierta. Por eso, mientras sigue su marcha el proceso participativo, nos atrevemos a solicitar solo esas dos cuestiones. La voluntad política de que en la nueva convocatoria de plazas de maestros, que se va a celebrar el mes de junio, se cubran por personas con discapacidad todas las plazas que se ofrezcan, y la actitud inclusiva y respetuosa de todo el plantel de técnicos que intervienen en el proceso de la oposición, para que las adaptaciones sean las procedentes a las personas y objetivo concreto de la convocatoria, superando fosilizadas rutinas y dando pasos hacia una de las finalidades del Plan: que los recursos de la Administración foral se centren principalmente en la provisión de apoyos para garantizar el acceso al empleo y su continuidad.

Posiblemente estos tiempos nuevos de respeto a los derechos humanos de todas las personas, de promoción de la accesibilidad y de la igualdad de oportunidades exijan la creación de alguna figura administrativa capaz de garantizar un sistema de arbitraje para el correcto enfoque y solución de los nuevos retos que, afortunadamente para el conjunto de la sociedad, la Administración ha de asumir para integrar en su plantilla a personas con discapacidad.