La historia nos recuerda que en virtud del régimen foral Navarra dictó en 1843 la Ordenanza para la Conservación y Policía de Carreteras, hasta que en 1934 la Diputación decide aplicar el Código de Circulación del Estado. En 1928 se crea el Cuerpo de Policía de Carreteras, precedente de la actual Policía Foral de Navarra, que en 1964 únicamente cambia de nombre. En 1959, y de forma unilateral, el Ministerio de la Gobernación usurpa la competencia exclusiva que venía desarrollando Navarra y obliga a su ejercicio compartido con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, lo que fue interpretado como contrafuero por la Diputación. La Administración del Estado recaudaría el importe de las sanciones que hasta entonces había gestionado la Dirección de Caminos.

De esta manera se incumplía la tradición paccionada entre Navarra y el Estado, expresión jurídica reconocida en la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española de 1978, donde se establece el amparo de los derechos históricos de Navarra. Posteriormente, el art. 64 de la LORAFNA recuerda que las relaciones entre ambas administraciones se llevarán a cabo conforme a la naturaleza del régimen foral, es decir, mediante pacto.

Es el art. 49.3 de la citada norma donde se recoge que Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que ostenta en materia de Tráfico y Circulación, y en el art. 51 que la Policía Foral seguirá ejerciendo las funciones que actualmente ostenta. Esta es la razón por la que todos los partidos que han formado o forman el arco parlamentario, en un momento u otro, bien desde sus responsabilidades de Gobierno o bien desde la oposición, han trabajado desde hace 30 años para dar cumplimiento a lo establecido en la LORAFNA, y recuperar a través del pacto la exclusividad en el ejercicio de la competencia de tráfico; y ello, por dos grandes razones:

a) La Comunidad Foral de Navarra está preparada para gestionar dichas funciones y facultades al contar con los necesarios instrumentos y estructura administrativa: SOS-Navarra como teléfono centro de gestión de emergencias; la Estrategia Navarra de Seguridad Vial como eje donde giran todas las políticas de Seguridad Vial: desde la prevención de accidentes hasta la Educación Vial; autorizaciones para ocupación de vías; autorizaciones para la circulación de vehículos especiales; y una Administración con capacidad y experiencia para llevar a cabo el procedimiento sancionador en dicha materia, recaudación que realizaría la Administración foral y que, sumada a la proveniente de las tasas, puede llegar a ascender a 12 millones de euros anuales que revertirían en Navarra, por ejemplo, en la mejora de la red vial a través de Obras Públicas.

b) En cuanto a la Policía Foral de Navarra, aportamos la experiencia, profesionalidad, capacidad y reconocimiento de la ciudadanía tras 92 años de existencia. La Policía Foral cuenta en la actualidad con 1.077 efectivos, frente a los 1.400 guardias civiles, 650 policías nacionales y casi 700 policías locales. De ellos, en el Área de Tráfico hay destinados 232 policías, adscritos a los grupos de Seguridad Vial, Atestados, Transportes, Radar, Educación Vial, Delincuencia del Automóvil y Planificación Operativa. Y representando el 25% del total de policías en Navarra, la Policía Foral en 2019 atendió el 70% de los accidentes registrados, frente al 16% de las policías locales y el 14% de la Guardia Civil. Con parecido número de agentes hemos realizado la investigación de 26 accidentes mortales de los 31 ocurridos en Navarra, en torno al 70% de las imputaciones por delitos contra la seguridad vial, controlado 600.000 vehículos (velocidad, alcohol, drogas y transportes), impartido 810 acciones formativas de educación vial a 20.000 alumnos, además del peso operativo en servicios especiales por aglomeraciones, carreras ciclistas, acompañamiento de transportes especiales y un largo etcétera. También las patrullas de las seis comisarías solapan servicios en tres turnos, por lo que la atención al ciudadano está más que garantizada al momento. Estas cifras indican que de facto prácticamente ejercemos la competencia de tráfico.

¿Qué nos hace falta para ejercerla en exclusiva? La respuesta es sencilla: un aumento de personal, que viene por dos vías: a) aplicar la pasarela a aquellos miembros de la Guardia Civil de Tráfico dispuestos a engrosar nuestra organización, prevista en la Disposición Adicional Novena de la Ley Foral 23/2018 de Policías de Navarra, aprobada en el Parlamento con 4 votos en contra de 50. Esta fórmula -copiada e inventada con éxito en su día para el País Vasco y Cataluña- aportaría la experiencia y formación de sus miembros, acortando los plazos para el ingreso; y b) dar cumplimiento a un acuerdo de la Junta de Seguridad de 2009, que fijaba el número de policías forales en 1.200, además de convocar ese órgano para aumentar su número; también negociar con el Estado la tasa de reposición y desarrollar reglamentariamente la Ley de Policías, ya que ha pasado el plazo de un año para su desarrollo, en claro incumplimiento normativo.

Desde la APF (Agrupación Profesional de Policía Foral) solicitamos a los grupos parlamentarios algo tan simple y lógico como máximo consenso para cumplir con la LORAFNA, tal como en su día se hizo con las competencias de educación, sanidad y justicia. Y que dejen de utilizar a la Policía Foral como campo de batalla política, para situarla como una solución óptima a los problemas de la ciudadanía navarra en materia de seguridad. Ni más ni menos.

Agrupación Profesional de Policía Foral (APF)