Coronavirus y Protección Civil

28.03.2020 | 23:23

Suele ser con motivo de los accidentes o catástrofes cuando se ponen de relieve las carencias de las medidas que se suponía que iban a prevenirlos o a combatirlos, y cuando se aborda su revisión o adopción de nuevas medidas. No hay mejor maestra que la experiencia. Hace años, con motivo del naufragio del Prestige, quien esto suscribe (¿Dónde está Acebes?, El País, 15-12-2002), Jaume Curbet (¿Dónde está la Protección Civil?, El País, 20-12-2002), y más extensamente Josep Ochoa Monzó (La seguridad marítima y el sistema de protección civil: una convergencia necesaria, 2006), pusimos de relieve que el sistema de Protección Civil, responsabilidad del Ministerio del Interior, había estado ausente del suceso debido a su escaso desarrollo y su impotencia ante muchos sucesos catastróficos, en parte porque por mera inercia histórica los salvamentos marítimos quedaban al margen de sus previsiones y se hallaban residenciados en la política de marina mercante y bajo la competencia del Ministerio de Fomento. Me temo que la situación ha variado poco desde entonces, y que las pretensiones de la Protección Civil de constituir un mecanismo general de coordinación ante cualesquiera situaciones de emergencia, por el momento, se quedan en buenas intenciones permanentemente frustradas.

Algo que se pone de relieve en estos momentos con la crisis desatada por la epidemia de coronavirus. Las crisis sanitarias, como epidemias y situaciones de contaminación graves, están contempladas como uno de los supuestos para la aplicación del estado de alarma, pero clamorosamente ausentes de la legislación, estatal y autonómica, de Protección Civil, salvo por ocasionales menciones sin consecuencias jurídicas. El BOE tiene editado un exhaustivo Código de Protección Civil de 1.402 páginas en las cuales la palabra epidemia aparece mencionada solo cuatro veces para referirse a su prevención en caso de catástrofes sísmicas, volcánicas o de inundación. Tenemos planes para prevenir e intervenir ante riesgos de incendios, sismos, volcanes, inundaciones, sequías, riesgos radiológicos o químicos, accidentes con mercancías peligrosas, pero, probablemente por inercia histórica y por la tradicional y excesiva compartimentalización de las políticas públicas en función de los departamentos ministeriales encargados de ellas, los riesgos sanitarios están fuera del sistema de Protección Civil. Únicamente la legislación sanitaria los contempla, pero no se ocupa específicamente de las situaciones de graves crisis sanitarias que exigen las respuestas propias de las grandes emergencias o catástrofes. La Ley General de Sanidad alude a las epidemias solo en cuanto a los estudios epidemiológicos, la información epidemiológica y el control de las epidemias, pero no para establecer medidas específicas en caso de emergencia, y lo mismo sucede con la legislación autonómica, también centrada en la atención sanitaria de la población en situaciones de normalidad. Como mucho, se prevé la atención de las emergencias ordinarias, no catastróficas, el sistema de traslado sanitario de urgencia y las urgencias hospitalarias. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las disposiciones normativas que se adoptan en la materia son de medidas urgentes ante epidemias ya declaradas.

Resulta, así, como en el caso del Prestige, que la Protección Civil está prácticamente ausente de la gestión de la crisis del coronavirus; el ministro del Interior aparece solamente para dirigir a las fuerzas policiales y para cerrar fronteras, pero la gestión principal recae en el Ministerio de Sanidad y en los servicios de salud autonómicos. No quiero pasar por alto la inmensa y encomiable tarea que están desarrollando los servicios y los profesionales sanitarios, pero resulta que tienen que trabajar desbordados, improvisando soluciones, variando los criterios sobre la marcha según se ven rebasados por los acontecimientos. Justo lo que debería evitar o minimizar una adecuada planificación de riesgos, uno de los objetivos teóricos del sistema de Protección Civil. El mismo desconcierto y la misma improvisación con que han tenido que actuar las autoridades, y con la que hemos tenido que actuar y seguimos actuando los ciudadanos. No estaba previsto cuándo el número de casos de coronavirus (ni de otras epidemias) exigía empezar a tomar medidas extraordinarias; no teníamos ni idea de cuándo procedía cerrar los centros educativos, en cada comunidad autónoma se ha hecho cuando buenamente se ha considerado oportuno, a veces media hora después de que sus responsables negaran que hubiera que adoptar la medida; no ha estado claro para nadie cuándo había que decretar el estado de alarma, ni para los responsables políticos, ni tampoco para los opinadores profesionales o aficionados, ni para la mayoría de los ciudadanos, que nos hemos vuelto muy listos a toro pasado, cuando nos hemos dado cuenta de pronto que llegaba muy tarde; no sabíamos qué límites había que poner al confinamiento domiciliario; seguimos sin saber hasta dónde hay que llevar el cierre de centros de trabajo públicos y privados, porque no tenemos definido cuáles son servicios esenciales y cuáles no, y algunos se han cerrado solo cuando los trabajadores se han amotinado; no teníamos previsto el papel de la sanidad privada en estos casos, que no puede ser simplemente el de espectadora; no sabíamos qué hacer con unas elecciones ya convocadas (en Galicia y País Vasco). Y así podríamos seguir enumerando la de cosas que no teníamos previstas y que ahora nos damos cuenta de que debiéramos haber tenido previstas.

Poco consuelo es que a otros países les suceda lo mismo, y tampoco que el descuido haya sido general, afecta a todas las fuerzas políticas, instituciones y expertos. Conviene que huyamos de buscar responsables de la imprevisión, hay demasiados y es dudoso que nadie pueda tirar la primera piedra, y comencemos a pensar, apenas salgamos de esta crisis, en una revisión profunda de nuestro sistema de Protección Civil, supuestamente integral, que ha de ampliarse, cuando menos, a los riesgos sanitarios, y que debe mejorar mucho la coordinación entre los servicios de salud pública y todos los demás servicios implicados en una situación de emergencia.