n fuerte impacto en el empleo. El coronavirus no sólo ha provocado una crisis sanitaria de primer orden. Está provocando ya una crisis de empleo aguda, con riesgo de larga permanencia. Lógicamente, el impacto social que esto tenga dependerá de las decisiones que vayan adoptando en primer lugar los poderes públicos, pero también los distintos actores de nuestra sociedad. Sabemos que esta crisis va a tener un fuerte impacto en el empleo. La anterior crisis de 2008 supuso una pérdida de 55.000 empleos en Navarra hasta llegar en enero de 2014 a los 243.505 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más baja en muchísimo tiempo. El desempleo registrado creció en 38.000 personas hasta los 56.000. Los efectos sociales de estas crisis se dejan sentir durante mucho tiempo. En España, todavía en 2018 había 4,1 millones de personas en exclusión social severa, según FOESSA, un 45% más que en 2007, antes de la crisis. Algo similar, aunque a menor nivel, ha pasado en Navarra, donde todavía se estimaba para 2018 unas 37.000 personas en exclusión social severa.
¿Es posible que pase esto ahora? Evidentemente lo es si se repiten los mismos errores que entonces. En principio, todos parecen trabajar ahora con la hipótesis de una crisis aguda: intensa, pero de baja duración y sin grandes efectos a largo plazo. Ese parece el escenario razonable ahora. La flexibilización del plan de estabilidad y la expansión de la política monetaria por parte de las instituciones europeas, los importantes estímulos fiscales que están anunciando muchos países y la puesta en marcha de medidas sociales que minimicen el efecto en la capacidad adquisitiva de los hogares y refuercen la capacidad de reacción de los servicios públicos son iniciativas que no se tuvieron en la crisis anterior en la misma medida. Esa es, sin duda, la línea que habrá que seguir reforzando en el futuro tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, a la par que se articulan las medidas para evitar una nueva crisis financiera con los instrumentos que las instituciones europeas tienen a su alcance (compra de deuda pública y privada, eurobonos, planes de inversión€).
De lo contrario, ya tenemos evidencias de los riesgos que afrontamos. Se sabe ya que el desempleo está creciendo en marzo, un mes en el que habitualmente hay una cierta creación de empleo estacional: una media de 1.400 empleos más respecto del mes anterior en los últimos cuatro años. Además, en esta cifra no se recogen los trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo: 4.128 en el último dato publicado el día 27 de marzo, que podrían afectar de 30.000 a 50.000 trabajadores. En España, se calcula que pueden ser 1,7 millones los afectados. Refleja perfectamente la situación en la que estamos. Es un proceso de socialización del coste de la flexibilidad de las plantillas para que no recaiga ni en las empresas ni en los trabajadores. Es una buena noticia que sean temporales, que se mantenga la relación de los trabajadores con la empresa y que estas empresas se preserven para el futuro. Y hay que esperar que las medidas aprobadas, que aumentan la protección de estas personas, y la negociación colectiva en curso, hagan que su capacidad adquisitiva se reduzca lo mínimo posible. La situación de muchos autónomos, especialmente en los servicios, a la espera de ver qué pasa con sus negocios, es también muy preocupante. Evitar que esta reducción temporal del empleo se traduzca en permanente debe ser la máxima prioridad en este momento, y no está claro el efecto que puede tener la restricción de los despidos si no se garantiza la viabilidad económica del mantenimiento de los empleos. Si no se actúa contundentemente, el impacto en el empleo puede ser peor que en la crisis financiera de 2007.
La intensificación del confinamiento, paralizando todas las actividades no esenciales sin reducir los costes, puede empeorar significativamente la situación de muchas empresas pequeñas y medianas, comprometiendo su capacidad de retomar la actividad con normalidad posteriormente. Por eso es importante que las medidas de confinamiento no se prolonguen en el tiempo más allá de lo que sea estrictamente necesario para afrontar la emergencia sanitaria. Es mucho lo que nos jugamos también en términos económicos y sociales.
Pero hay colectivos que están ya viéndose afectados sin contar con la protección adecuada todavía: trabajadores que ya están siendo despedidos sin haber acumulado tiempo suficiente de cotización, empleadas del hogar que se han ido a sus casas, desempleados de larga duración que están agotando sus prestaciones y otros grupos excluidos. Aquí una Renta Garantizada puede suponer una última malla de seguridad, como sucede ya en Navarra o País Vasco. Sin embargo, en la mayoría de CCAA estas prestaciones no cuentan ni con presupuesto ni con cobertura suficiente (una décima parte que en Navarra en algunos casos). El compromiso del Ingreso Mínimo Vital que asumió el Gobierno del Estado para esta legislatura debería acelerar lo máximo posible su puesta en marcha para llegar a todos estos grupos si no queremos que se queden al margen y vuelva a incrementarse la bolsa de la exclusión social. 1,5 millones de hogares en pobreza severa están a la espera.
2. Transformaciones sociales que nos traerá esta crisis
Las crisis aceleran las transformaciones sociales. La respuesta económica, política y social a esta crisis ya nos está empezando a dejar ver algunas transformaciones en el funcionamiento de la sociedad que posiblemente, al menos en parte, se mantengan en el futuro. Y nos ha hecho ver posibilidades de mejora que no deberíamos dejar pasar.
La economía del confinamiento ha intensificado tendencias ya presentes en nuestra sociedad. Ha forzado el teletrabajo y las enseñanzas on line. Ha potenciado las ventas on line y la distribución a domicilio, potenciando a las grandes distribuidoras como Amazon, pero incorporando también al pequeño comercio de barrio, con otros sistemas. El consumo de ocio por internet se ha disparado prácticamente en todos los sectores sociales. Incluso estando abierta, la banca presencial se ha reducido al mínimo y la prensa se ha hecho también más digital. Se ha potenciado la relación telemática con la administración pública. ¿Volverán las pautas de los consumidores, las estrategias de las empresas y las instituciones y los hábitos de la ciudadanía a ser exactamente igual que antes? Cabe pensar que no. Al menos sabemos que va a haber quien intente que así no sea. En algunos aspectos no será malo: hemos visto que nos podemos ahorrar desplazamientos y con ello reducir el consumo de energía y la contaminación. Pero sabemos también que se van a intensificar tensiones sociales que ya veíamos: se ha visto claramente, por ejemplo, cómo está afectando en este curso la brecha digital en los menores de familias más vulnerables, que pueden acabar perdiendo el curso. Esa brecha digital no afecta solo a los menores. En la nueva sociedad es ya una brecha que fractura el conjunto de la estructura social. Y no es sólo una brecha digital, sino una brecha educativa y social en la que no todos los padres pueden ayudar del mismo modo a sus hijos e hijas.
Por otra parte, esta crisis del coronavirus ha permitido redescubrir la importancia del sector público, al que todos hemos dirigido la mirada en búsqueda de respuestas. Es mejor descubrir el poder el Estado con una pandemia que con una guerra (de verdad). Se ha puesto de manifiesto que cuanto más débil es el sistema sanitario público más difícil es dar una respuesta a una crisis sanitaria como esta. Y en lo económico, hasta los ultraliberales se han convertido (transitoriamente) en keynesianos y demandan mayores paquetes de intervención pública, más expansión del gasto y más garantías del Estado. ¿Cómo saldría la economía de mercado sola de este atolladero? En el ámbito de la administración pública, se han introducido medidas de flexibilización de los recursos humanos que agradecería mucho la ciudadanía también en otros momentos para responder mejor a sus necesidades. Y en el ámbito de lo social, hemos descubierto el carácter esencial de los servicios sociales, los de gestión pública y los de iniciativa ciudadana, que están al pie del cañón ayudando a los sectores más vulnerables a hacer frente a esta crisis que les está afectando especialmente, como en las residencias. Un esfuerzo insuficientemente reconocido, por cierto.
De la capacidad que tengamos de dar una respuesta a esta crisis, no sólo en lo sanitario, sino también en lo económico y en lo social, aprovechando los elementos positivos de las transformaciones en curso y compensando los negativos, depende el tipo de sociedad en el que vamos a vivir en el futuro.
El autor es profesor de Política Social de la UPNA
