l año 2019 fue un año de cambios en Europa. En julio la presidenta de la Comisión Europea era elegida para un mandato de cinco años para liderar una Europa en un tablero de juego geopolítico cambiante.
Entre los retos cruciales para Europa estaban: la negociación del acuerdo de retirada del brexit, el liderazgo de la doble transición hacía la neutralidad climática y la digitalización o la Conferencia de Europa con el fin de analizar la realidad europea y hacia dónde debería ir la ampliación.
El pasado mes de marzo toda esta línea política, en la que las diferentes instituciones estábamos ya inmersas por completo ha quedado en un segundo plano. Hemos pasado de una visión y trabajo político a medio-largo plazo a una necesidad de políticas inmediatas y acciones urgentes como consecuencia de la aparición del virus COVID-19 en todo el mundo.
La respuesta europea al principio fue titubeante para algunos, pero la pregunta es, si la Unión Europea no tiene competencias en materias tan decisivas para esta crisis como las sanitarias o las de política interior, ¿qué podemos esperar de ella? Sin duda, su papel es coordinar una respuesta solidaria y unitaria entre todos los Estados miembros en forma de política económica y monetaria. Los países se están viendo obligados a endeudarse para garantizar salarios, liquidez empresarial y el urgente suministro de material sanitario. Echando la vista atrás, la respuesta comunitaria ha sido sin duda más rápida y coordinada que lo fue en la crisis de 2008 y donde la Unión Europea tardó dos años en ofrecer una solución a los Estados y, por ello, a sus ciudadanos.
La acción principal de todas las instituciones europeas debe ser y es la de facilitar la liquidez y el apoyo económico a los países. Todas ellas están trabajando en esta línea y han aprobado distintas medidas a corto plazo para atajar este problema.
El Parlamento Europeo ha liberado partidas presupuestarias de fondos estructurales no ejecutados del presupuesto 2014-2020 por valor de 37.000 millones de euros, es decir, toda la cantidad económica de estos proyectos que los Estados todavía no habían devuelto a la UE, pueden quedársela y disponer de ella.
Por su parte, la Comisión Europea ha lanzado el programa SURE, hasta 100.000 millones de euros que permitirá a los Estados evitar los despidos masivos.
El Banco Central Europeo ha dado liquidez a los países con un paquete de 750.000 millones de euros para adquirir deuda y, por otra parte, el BEI 200.000 millones para avales a pymes y autónomos.
Ahora la negociación se centra en las medidas necesarias que se deben tomar a medio y largo plazo. Sin duda, estas medidas deben pasar por un plan de reconversión europeo que ayude a los países a que la salida de esta crisis sea igualitaria y solidaria. La mutualización de la deuda o la ampliación del presupuesto comunitario para el marco financiero 2021-2027 son algunas de las opciones que se barajan como salida económica a esta crisis.
A nivel internacional distintas organizaciones como el Banco Mundial, la OCDE o la OMC trabajan de forma coordinada en una respuesta común contra los efectos de la crisis del COVID-19. La Unión Europea no se puede quedar atrás. Esta negociación no será fácil: por un lado, por los posibles vetos nacionales en el Consejo y por otro, por la duración del presupuesto extraordinario. Aun así, no podemos dejar atrás los valores europeos como la solidaridad y la unión de los Estados.
En definitiva, si la Unión Europea quiere crear confianza en la ciudadanía y demostrar su imprescindible papel a nivel mundial, ahora es su momento.
La autora es diputada al Parlamento Europeo
