a Administración de Justicia es un servicio público esencial. Si no existiera, volveríamos a la ley del más fuerte. Y es esencial en su conjunto, no solo en los servicios que se han considerado "esenciales" durante el cese de actividades provocado por la pandemia de covid-19. Por ello, desde el inicio de la misma, el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia expresó públicamente que los derechos fundamentales no estaban en cuarentena, por lo que la Justicia no podía detenerse. Y nos pusimos a ello.
Es cierto que, ante ese contexto sanitario, y para garantizar la salud tanto de quienes trabajan en la Justicia como de sus usuarias y usuarios, se debía replantear la manera en la que se prestaban esos servicios, así como cuáles debían tener prioridad. Desde la Dirección General de Justicia hemos dispuesto todos los medios personales y materiales a nuestro alcance para que se pudieran acometer las tareas -siquiera mínimas- establecidas por el Consejo General del Poder Judicial, competente en la materia. La Dirección General de Justicia ha desempeñado esas funciones contando con el compromiso de todos los operadores jurídicos en el marco del servicio de Justicia; y quiero destacar, como ya lo hice en comparecencia parlamentaria, a la Abogacía y la Procura y al personal de la Administración de Justicia, que ha ido más allá de lo exigible en muchas ocasiones, dando ejemplos de una admirable entrega. Se ha hecho, también, en coordinación plena con el TSJN (a través de una comisión de seguimiento) y con el Ministerio de Justicia, el CGPJ, el resto de comunidades autónomas y con otros departamentos del Gobierno Foral.
La colaboración interdepartamental ha quedado muy patente, por ejemplo, en el trabajo conjunto con el departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. Tal como señalaban los propios decanos de la Abogacía navarra en un artículo reciente, tal colaboración nos ha permitido aprovechar nuestra ventaja diferencial en materia tecnológica y hacer viable el teletrabajo para la totalidad de personas juezas y magistradas, letradas de la Administración de Justicia y fiscalía y aproximadamente el 60% de los cuerpos generales de la Administración. Lo hemos conseguido gracias a nuestros niveles de avance en lo relativo al expediente digital, que tienen mucho que ver con el gestor procesal Avantius: un producto con tecnología navarra que hemos exportado, de manera colaborativa, a otras comunidades autónomas. Esas posibilidades tecnológicas, al igual que las humanas, hacían viable una reactivación inmediata de los plazos, vital dada la importancia de los derechos en juego. Así lo defendimos -lo hice personalmente- ante el Ministerio de Justicia.
Pero hay una parte de nuestra labor que no tiene que ver con el ministerio, ni con el CGPJ; y son los servicios dependientes, directamente, de nuestra Dirección General. Sobre ellos, quiero señalar que han demostrado ese principio de que la Justicia no podía detenerse. Por ello, el Servicio de Justicia Restaurativa no ha dejado de funcionar en ningún momento, ofreciendo asistencia telemática inmediata. Asimismo, se ha podido intervenir de este modo no presencial en 40 de los 55 casos derivados al Servicio de Atención a la Víctima. Se han realizado 109 sesiones de mediación durante este confinamiento, habiéndose logrado cerrar 28 casos, 20 de ellos con acuerdo entre las partes. Han continuado también las sesiones de asesoramiento legal y psicológico y los programas de terapia, habiéndose llevado a cabo 160 intervenciones de apoyo a víctimas de violencia machista. En todos estos ámbitos la Justicia (porque eso también es Justicia) no solo ha estado a la altura que las circunstancias exigían, sino que el esfuerzo de adaptación realizado marca un camino en el que habrá que profundizar de ahora en adelante.
Lo que toca en este momento es, progresivamente, volver a la normalidad. La desescalada en lo relativo a plazos procesales se dirige desde el Ministerio de Justicia y el CGPJ; y ahí estaremos como Gobierno para acompañarla, no solo con medios humanos y materiales, sino aportando desde Navarra criterios de mejora para todo el Estado a través de un modelo de cogobernanza que se proyecta tanto sobre los aspectos organizativos como sobre los normativos y tecnológicos. La otra desescalada, la que corresponde a los servicios que prestamos como parte de nuestras competencias, ya está en marcha y en ella vamos a perseverar, conscientes de que el esfuerzo que supone no es ni más ni menos que el que toca al conjunto de la ciudadanía, que viene haciendo en su conjunto un loable ejercicio de adaptación.
Tenemos por delante numerosos retos para esta nueva etapa. Uno es seguir profundizado en la Justicia como servicio público de consolidación de garantías y derechos de ciudadanía; lo haremos con medidas para deshacer hipotéticos colapsos, potenciando sistemas complementarios de resolución de conflictos. Debemos reforzar la atención a las víctimas de los delitos, especialmente a las más vulnerables, de acuerdo con la legislación internacional, y con especial atención también a la infancia y la adolescencia. Lograremos una mayor eficiencia de este servicio público avanzando hacia otro modelo de oficina judicial y de organización territorial; y profundizando en la implantación del expediente digital judicial.
No me cabe duda de que la Justicia va a estar a la altura. Como Gobierno de Navarra, no escatimaremos esfuerzos para que sea así.
El autor es consejero de Políticas Migratorias y Justicia
