ace una semana se hicieron públicas las resoluciones del Pacto de Toledo. Hay que resaltar que después de 4 años de deliberaciones hicieron coincidir dicha aparición con la de los Presupuestos Generales. Por ello, la prensa le ha dado poca publicidad y menos análisis a lo que debería tener. El Pacto de Toledo surgió a iniciativa de Convergencia i Unió hace 25 años y es una “comisión parlamentaria” dentro del Congreso de los Diputados a la cual acuden, además de partidos políticos y sindicatos, especialistas que normalmente son siempre de ideología neoliberal. Desde sus inicios en el Pacto de Toledo se ha intentado siempre privatizar las pensiones, con más o menos éxito en función de las movilizaciones que hayan existido. En esta ocasión y dado que venimos de una fuerte movilización de pensionistas cada vez más estructurados alrededor de COESPE y con un Gobierno progresista, han intentado usar el ya conocido método del palo y la zanahoria.

En cuanto a la zanahoria hay algunos elementos positivos. Por primera vez se dice que las pensiones públicas son sostenibles. También se dice que las pensiones se revisarán según el IPC, si bien en este caso existe una letra pequeña en la cual no se descartan anteriores resoluciones del Pacto de Toledo. Se separan algunos gastos que hasta ahora se cargaban a la Seguridad Social. Y por último, se permite elegir los 25 mejores años del historial de cada pensionista para decidir su pensión; otra cosa será si los nuevos pensionistas habrán podido llegar a ese número de años con sus cotizaciones. Y a partir de aquí el palo.

En primer lugar se echa de menos que no se plantee la derogación de las reformas de 2011 y 2013. En segundo lugar, tampoco se habla nada de la reforma laboral ni se entra en la estructura del mercado de trabajo, cada día con más trabajadores eventuales, y salarios de miseria. Sin olvidar el interés de la patronal por ir anulando con sus trabajadores las relaciones laborales para exigirles ser autónomos y que pasen a ser relaciones mercantiles, o sea, falsos autónomos. En tercer lugar, y aunque reconocen que ha habido “gastos impropios” de la Seguridad Social (nosotros le llamamos saqueo) no se plantea en absoluto la reposición de dichos fondos, que pertenecen al conjunto de la clase trabajadora. Por ello, desde COESPE se está planteando exigir una auditoría de todos esos fondos que se han esquilmado a la Seguridad Social. Tampoco se habla nada del destope de las pensiones máximas. Normalmente, los directivos de las empresas son los que más interés tienen en hacerse pensiones privadas y por lo tanto no tienen ningún interés en pagar a la Seguridad Social, pero ésta sí debería tener interés en que contribuyan proporcionalmente a la Seguridad Social como el resto de los trabajadores/as.

Además, se plantea la posibilidad de hacer préstamos a la Seguridad Social o de hacer impuestos específicos. Estamos en contra de estas soluciones porque, ante una grave crisis, si las cotizaciones no dieran para el pago de las pensiones entendemos que el Estado debe aportar desde los Presupuestos Generales, tal y como se aporta a los empresarios o a las personas que han sufrido una catástrofe.

Otro tema que se insinúa es hacer una agencia dentro de la Seguridad Social sin especificar muy bien cuáles serían sus cometidos. Hay que decir que la Seguridad Social no es un Ministerio como otros, dado que se nutre de la masa salarial de la clase obrera y su patrimonio es del conjunto de la clase trabajadora y por lo tanto no es posible hacer organismos autónomos. Nos tememos que dicha agencia puede servir de tapadera, para que en caso de que el Estado dé aportaciones a la Seguridad Social sea a cambio de que parte del patrimonio (edificios, etcétera) pueda pasar a su poder, desmantelando lo que se ha conseguido muchos años de aportaciones.

También se plantea conciliar la Seguridad Social con las comunidades autónomas. Hay que tener mucho cuidado con esta postura, porque la Seguridad Social es del conjunto de la clase trabajadora del Estado y no se puede desmantelar la caja única.

Por último y lo más grave es el planteamiento para seguir intentando la privatización de las pensiones, así lo plantea también el ministro señor Escrivá. Está claro que a la banca y a los seguros no les ha ido bien el intento de que la población se hicieran pensiones privadas individuales, entre otras cosas porque la mayoría de la población no gana lo suficiente para poder hacerse esas pensiones, a pesar de las desgravaciones fiscales. Por ello, plantean disminuir las desgravaciones fiscales de las pensiones individuales a cambio de una desgravación muy superior para las pensiones de empresa, que ellos tienen mucho cuidado de no llamarles pensiones privadas.

En la Comunidad Autónoma Vasca ya existen estos planes de pensiones privados de empresas o de sectores y normalmente se han hecho porque los empresarios se negaban a hacer aumentos de sueldo, pero a cambio planteaban el hacer las pensiones de empresas. Esto supone que dichas pensiones de empresa se están retrayendo de la masa salarial para pasárselas al control de bancos y entidades financieras que son los que van a gestionarlas. Y además se sabe que fundamentalmente invierten, no en proyectos industriales o de generación de empleos, sino en fondos buitre para sacar mayor rentabilidad.

Es a través de los convenios colectivos por lo tanto como están intentando meter estas pensiones privadas de empresa y cae en los sindicatos la gran responsabilidad de no ayudar a lo que en el fondo va a ser una privatización de la Seguridad Social puesto que aquello que no se mete en pensiones públicas se mete en pensiones privadas. Además el resultado de estas pensiones privadas es nefasto. Solo en 2008 los fondos de pensiones perdieron un 23% de su valor a nivel mundial. Hay que recordar que Pinochet las implantó en Chile por la fuerza de las armas y hoy hay una verdadera rebelión y han logrado que se vaya a hacer una nueva Constitución. Uno de los dos factores de la rebelión chilena junto con los préstamos de la universidad ha sido el gran fracaso de las pensiones privadas, más de un 90% de las pensiones de jubilación pagadas por las AFP no alcanzan los 147.000 pesos (213 euros).

Por mucho que el Pacto de Toledo plantee lo que le venga en gana, es el Parlamento y el Gobierno los que van a decidir. Por lo tanto, las movilizaciones de los pensionistas deben ser capaces de exigir entre otras cosas que se cumpla el Pacto de Gobierno de PSOE con Unidas Podemos que garantiza la subida del IPC a las pensiones, la mejora de las pensiones mínimas, el incremento de los ingresos de forma estructural de la Seguridad Social y la eliminación del factor de sostenibilidad del cual tampoco habla ahora el Pacto de Toledo.

Así pues, las movilizaciones de los pensionistas no solamente van a ser necesarias sino que son la garantía de que nadie se escude en el Pacto de Toledo porque la voluntad del pueblo reside en el Congreso de los Diputados.

Firman este artículo: Isabel Burbano, Jesús Denia, César Osanz y Paco Jiménez, socios de Amona (Asociación de Mayores Organizados de Navarra)