stamos a mes y medio de la posible desaparición del convenio colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de Navarra, una norma que, mediante sucesivos acuerdos, viene regulando desde hace 45 años las condiciones de trabajo de un colectivo laboral integrado por más de 600 personas.

Desde la representación sindical, tenemos la impresión de que ANET, la principal organización empresarial del sector, o algunas de sus empresas asociadas, no todas piensan igual, han dejado de creer en las relaciones laborales ordenadas mediante pacto. No parece fruto de la casualidad que los dos convenios del sector estén en vía muerta. El de Transporte de Mercancías, aunque en situación de ultraactividad ilimitada, está bloqueado desde 2008, por lo que ya son 12 años de congelación salarial. Y el de Transporte de Viajeros está en situación similar desde 2017.

Se está imponiendo una auténtica ley de la jungla en el sector, con empresas compitiendo entre ellas a costa de precarizar las condiciones laborales, con el consiguiente deterioro del servicio público que prestan a la sociedad.

Llevamos 3 años sin un solo avance en las negociaciones, por lo que no cabe achacar el problema a la situación creada por la pandemia del covid-19, aunque reconocemos que está afectando duramente al sector, pero no podemos asumir que la alternativa sea empeorar sensiblemente las condiciones del actual convenio, especialmente en una materia tan sensible como la regulación de la jornada.

Porque la especificidad de este convenio colectivo es que tan importante o más que el salario es el control y distribución de la jornada de los conductores. Y es que en la regulación de la jornada de conducción confluyen el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo, pero también otras normas como el RD 1.561 sobre Jornadas Especiales de Trabajo, la normativa sobre la utilización del tacógrafo, la formación continua que tienen que superar cada cierto tiempo los chóferes para poder seguir ejerciendo su profesión, las condiciones de seguridad en el tráfico, etcétera.

El conductor de un autobús asume la responsabilidad de trasladar a los viajeros con seguridad. Y cuando hablamos de viajeros nos referimos a escolares que van al colegio, de excursión o a eventos deportivos; a jóvenes universitarios, a personas mayores que realizan viajes de ocio, a pacientes que acuden a centros médicos o a trabajadores que se desplazan a polígonos industriales, que tienen todos ellos el derecho a realizar los viajes con garantías de seguridad. Y esas garantías dependen en buena parte de las condiciones físicas y mentales de los conductores. Y éstas, a su vez, de las condiciones de trabajo en lo referente a la distribución y regulación de la jornada.

Muchas de las actividades atendidas por el transporte de viajeros responden a concesiones públicas del Estado, de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos y mancomunidades, que se adjudican de acuerdo con las leyes de contratos del sector público, entre cuyos criterios se encuentra el convenio colectivo de aplicación a los trabajadores y trabajadoras de las empresas concesionarias.

Si el convenio colectivo desaparece, como podría llegar a ocurrir, la competencia entre las empresas que opten a los concursos se realizará principalmente pujando a la baja a costa de deteriorar las condiciones laborales de las plantillas. Si no hay convenio, si no se respetan las horas de descanso entre jornadas y el descanso semanal, si nada impide las jornadas maratonianas y se hacen imprescindibles para alcanzar un salario digno, el problema laboral se acabará convirtiendo en un grave problema de seguridad para los viajeros y para el tráfico.

El autor es responsable de Transportes de la UGT de Navarra