i uno busca el significado de Administración pública, encontrará diferentes definiciones de acuerdo a los distintos autores consultados, no obstante, todos ellos coincidirán en un concepto fundamental, que no es otro que el de “conjunto de organismos dependientes de un Estado al servicio de los intereses generales de la ciudadanía”. Esto mismo trasladado al ámbito de la Comunidad Foral de Navarra sería: el conjunto de organismos del Gobierno de Navarra dispuestos al servicio del interés general de todos los navarros.
Pero cuando uno observa con detenimiento nuestro día a día, fácilmente comprueba que el Gobierno de Navarra, presuntamente, no siempre actúa al servicio general de sus ciudadanos. Y escribimos presuntamente porque de otra manera podríamos ser nuevamente citados en los juzgados a un acto de conciliación, como al que se nos ha citado por parte de las empresas Hibridación Termosolar Navarra S.L. y Valle de Odieta S.C.L., por el simple hecho de entregar a los parlamentarios de Navarra un dosier que recoge una serie de documentos oficiales, de acceso público, entre ellos una relación de denuncias interpuestas contra estas empresas por una parte de los organismos que conforman la Administración pública, es decir, Policía Foral, Guarderío de Medio Ambiente y SEPRONA.
La reflexión sobre si el Gobierno de Navarra, presuntamente, no siempre actúa al servicio general de sus ciudadanos se fundamenta en una realidad medible y constatable que es la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, en la Ribera de Navarra, que tiene como consecuencia la privación a los habitantes de esta comarca del acceso al agua potable desde sus fuentes de abastecimiento habituales. Es responsabilidad de Gobierno de Navarra velar por el buen estado de las aguas de acuerdo con la Directiva 2000/60/CE, también llamada la Directiva marco del agua, de la que es parte fundamental la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. El Servicio de Economía Circular y Cambio Climático del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Gobierno de Navarra publica cada año una memoria de la red de calidad de aguas subterráneas, en la que se pone de manifiesto, año tras año, el empeoramiento de éstas, hasta el punto de cancelar la captación de agua para el consumo de boca en pozos de abastecimiento como en Milagro o Villafranca. Por tanto, Gobierno de Navarra está obligado a tomar medidas contundentes para revertir esta situación y, sin embargo, las que toma, o se muestran ineficaces, o son contraproducentes, como lo son el hecho de ampliar las zonas de riego, o conceder nuevas autorizaciones ambientales integradas en esta parte de Navarra que ya sufre una grave contaminación de sus aguas. Cabe recordar, como señala gráficamente la Orden Foral 850/E/2018, que “la concesión de una Autorización Ambiental Integrada es un acto que corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la cual debe velar por la protección del medio ambiente en su conjunto y garantizar que el mismo sea adecuado para todas las personas y en todas las circunstancias”. Ello le permite a la Dirección General una cierta capacidad discrecional, siempre que se analice el caso concreto y se justifique de manera expresa. Esta capacidad ha sido ratificada por la Jurisprudencia. Pero es que además, la presidenta de Navarra, en sus declaraciones por la puesta en marcha de la segunda fase del Canal de Navarra, manifestó que se suministraría agua de esta infraestructura a 70.000 personas en la Ribera, más la Cuenca de Pamplona, Valdizarbe, Mairaga, Falces y Peralta, y en un futuro, Mélida, Caparroso, Rada, Carcastillo, Figarol, Murillo y Santacara, además de Marcilla, Villafranca, Funes, Milagro, Cadreita y las localidades que puedan abastecerse de los ramales del Arga y Ega; suministrando de este Canal todo el agua de boca más la necesaria para uso agrícola, ganadero e industrial de las localidades y zonas señaladas. Por tanto, queda clara la posición de Gobierno de Navarra frente al problema de la contaminación de las aguas: abastecer a las zonas contaminadas con aguas de Itoiz y Canal de Navarra y seguir con la promoción de ganadería industrial (1.200 ejemplares de vacuno por explotación sigue siendo excesivo) de plantas de biometanización y fertilización con digestatos, que pueden proceder de purines, pero también del tratamiento de residuos industriales.
Y entonces nos preguntamos:
- ¿No es un riesgo muy elevado que más de la mitad de la población de Navarra dependa para agua de boca de una única fuente de abastecimiento?
- ¿Se puede considerar lógico hacer que los municipios de la Ribera de Navarra, situados todos ellos en las proximidades de grandes ríos, con amplios acuíferos, tengan una dependencia del norte de Navarra para tener agua de calidad?
- ¿Por qué hemos de renunciar los ciudadanos al suministro de agua de nuestras fuentes de abastecimiento cercanas, naturales e históricas?
- ¿Por qué hemos de ceder nuestros activos comunes a “macroempresas” que en nombre de la agricultura y ganadería hacen un uso industrial de nuestras tierras, esquilmándolas y abandonándolas cuando éstas ya no son productivas?
- ¿Qué sucederá con nuestros agricultores y ganaderos, con nuestra industria agroalimentaria, en definitiva, con nuestra economía, si se imponen los intereses especulativos de empresarios que hoy encuentran atractiva la Ribera de Navarra para el desarrollo de sus negocios, pero que mañana ya no la encontraran así de atractiva, y se marcharan, dejándonos su problema convertido en nuestro grave problema de contaminación?
El Departamento de Medio Ambiente, en respuesta a algunas preguntas de parlamentarios y al Ayuntamiento de Marcilla, reconoce que la contaminación por nitratos es real, que es un problema de difícil solución, que puede prolongarse en el tiempo y que las medidas que se vienen aplicando no son suficientes ni efectivas.
Todas estas cuestiones son las que nos llevaron a tomar la iniciativa de acudir al legislativo navarro para informarles de la grave situación en la que se encuentra la Ribera de Navarra, y las fatales consecuencias que esta podría acarrearle si no se interviene ya, y solicitarles que es necesario que legislen “de forma valiente” al servicio del interés general, para fortalecer a la Administración pública frente a estos macrolobbies económicos y dotarla de las herramientas que le permita tomar medidas en favor de todos y no de unos pocos. Y todas estas cuestiones nos llevaron también a dirigirnos al Defensor del Pueblo navarro para formular una queja frente al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por la falta de actuación ante el problema de contaminación descrito.
Se toman ciertas medidas sobre el papel, pero después la propia Administración no es capaz de asegurar que realmente se cumplan, y es esta debilidad de las Administraciones públicas la que fortalece a las grandes empresas en perjuicio de todos los demás.
Y entonces, ¿de verdad que hoy el Ejecutivo navarro está al servicio del interés general?
El autor es miembro de Plataforma vecinal ‘Marcilla Viva’
Cuando uno observa con detenimiento nuestro día a día, fácilmente comprueba que el Gobierno de Navarra, presuntamente, no siempre actúa al servicio general
Se toman ciertas medidas sobre el papel, pero después la propia Administración no es capaz de asegurar que realmente se cumplan
