La cumbre del clima de Egipto (COP27) ha finalizado con un rotundo fracaso. De hecho, ninguna de las cumbres realizadas hasta la fecha, incluidas las de Kyoto en 1997 y la de París en 2015, han significado avances reales para mitigar la crisis climática. La única cosa buena que tienen esas cumbres es la de situar a nivel planetario el tema de combatir el calentamiento global y la necesidad de limitar la emisión de gases de efecto invernadero.

Y es que la crisis climática es un aspecto más de una crisis global presente en todo el mundo: crisis energética, alimentaria, sanitaria, económica, movimientos migratorios, guerras, hambrunas…

Es en esos parámetros mundiales en donde necesitamos situarnos: el actual reto social consiste en crear los mecanismos, instrumentos y medidas necesarias para que todas las personas –y cuando se dicen todas se quiere decir todas las que habitan el planeta– puedan acceder a unos estándares de vida dignos.

Y ello en un contexto en donde el sistema capitalista ha destruido una gran parte de los recursos del planeta. Lo que obliga a plantearnos cómo, partiendo de unos recursos existentes escasos, podemos satisfacer las necesidades básicas de todas las personas.

Estamos asistiendo a los estertores de un sistema que ha impuesto la globalización como forma de garantizar su rentabilidad económica, convirtiendo en mercancías no solo a las personas, sino a todos aquellos ámbitos de la vida a los que, mediante la privatización, pueda sacar rentabilidad económica: el aire, el sol, el agua, la tierra, la alimentación, la cultura, la sanidad, los cuidados, la educación…

En su afán por aumentar constantemente sus ganancias, el sistema capitalista ha chocado con las limitaciones biofísicas de la Tierra. A las evidencias de que el actual modelo de producción, energético, de movilidad, de consumo… está poniendo en serio peligro la vida, contesta con una huida hacia adelante como es la economía verde. Mientras, se siguen utilizando las fuentes de energía de origen fósil hasta que se agoten, lo que hace que desde que se estableció el protocolo de Kyoto no se haya logrado limitar el crecimiento del calentamiento global por debajo de los 1,5 grados.

La transición energética que se plantea desde Europa y los gobiernos occidentales no es más que un empeño de explotación capitalista de un nuevo nicho de negocio, el de las renovables. Sin tener en cuenta que el pretender mantener el actual sistema de producción, movilidad, consumo y servicios, basado en la electrificación total de la industria, el transporte y los hogares es una utopía que también choca con las limitaciones de materiales existentes. Y no contempla la globalidad del planeta, manteniendo la desigualdad y la explotación y la colonización del primer mundo sobre el resto.

Estos proyectos de economía verde, los polígonos eólicos y solares, las macro granjas, el tren de alta prestaciones, las grandes infraestructuras del agua… forman parte de unos programas masivos del sistema capitalista para seguir explotando a la sociedad.

Por eso las cumbres del clima donde asisten los políticos valedores del sistema están imposibilitadas para llegar a acuerdos que supongan avances reales contra el cambio climático.

Y Europa y los Estados tampoco hacen nada para romper esta dinámica, todo lo contrario, son cooperantes activos en las políticas de traspaso de las perdidas privadas a la deuda pública. Se utilizan los fondos públicos para subvencionar inversiones de las grandes corporaciones. Se disfrazan ayudas a los sectores más desprotegidos para garantizar que las grandes multinacionales de la energía mantengan sus ganancias. Mientras imponen recortes tras recortes en las condiciones de vida de la población, en el derecho a la vivienda, en la sanidad, en la educación, en el encarecimiento de los alimentos básicos, en la electricidad, calefacción…, deteriorando la calidad de vida de amplios sectores de la población. Lo último, en este apartado, lo constituye la reciente propuesta del Consejo de la Unión Europea a los países miembros para que aprueben un reglamento con el objetivo de “acelerar el despliegue de las energías renovables”. Consistente en que sea declarada de interés público superior la planificación y operación de instalaciones renovables y de su conexión a la red y de la propia red y activos de almacenamiento, por lo que se eliminaría la evaluación de impacto ambiental de estos proyectos.

Esta propuesta es consecuencia directa de la terrible presión que los lobbies de las empresas energéticas vienen realizando desde hace tiempo para agilizar los procesos administrativos de aprobación de sus megaproyectos energéticos, y sobre todo laminarse los procesos participativos y las fases de alegaciones públicas.

En sistema capitalista es el problema y el tumor a combatir. Hay que partir de otras premisas distintas a la acumulación de beneficios y a la rentabilidad. Tenemos que partir de los recursos que tenemos, decidir sobre qué podemos producir y cómo podemos producirlo para todas las personas. Las referencias no pueden ser el precio y el beneficio, sino la necesidad y la posibilidad racional.

Hoy más que nunca aparece como imprescindible la nacionalización y control social de la producción de energía y su distribución. El control público del agua y su distribución en base a necesidades públicas no privadas. Las políticas que fomenten y prioricen la producción local de alimentos, rompiendo con el monopolio de las semillas de las multinacionales.

Necesitamos un movimiento popular amplio y que agrupe a diversos sectores de la población, desde el ámbito sindical, al ganadero, agrícola, ecologista, vecinal, feminista, juvenil, personas jubiladas, plataformas populares… que empujen movilizaciones masivas en donde hagamos vivible que hay que cambiar el sistema y que otro sistema es posible.

Hay que pasar de la resistencia que, por supuesto hay que seguir levantando, a una ofensiva global que contemple todas las agresiones del sistema y nos una en un mismo camino para garantizar el futuro de una sociedad distinta.

El autor es miembro de la plataforma Haize Berriak y de la coordinadora NEETEN