Pugna de UPN en el SAD contra la dignificación laboral

Tras años de duplicidad público (el 30% de horas) - privada (el 70% de horas), el gobierno de Asiron publificó el servicio, asumiendo el Ayuntamiento su prestación directa, mejorando considerablemente las condiciones laborales de las trabajadoras y, por tanto, también la calidad del servicio.

En consecuencia, en 2019 Maya heredó un servicio público unificado bajo un mismo modelo de gestión. Un modelo que UPN ya había criticado desde el principio, fiel defensora como es de privatizar y de hacer negocio a costa de servicios públicos. Así, en febrero de 2020, María Caballero dio a conocer el resultado de una auditoría que comparaba el coste del servicio publificado con el del privatizado. Por supuesto, no tenía en cuenta cuestiones clave como las condiciones laborales (con salarios en la empresa privada que no llegaban a mil euros) o reivindicaciones básicas sin atender, como la de que se incluyera el tiempo de trayecto entre domicilios dentro de su jornada. Tampoco citaba la consecuente inestabilidad en que había estado inmerso el servicio, llegando la adjudicataria a denunciar el contrato con el Ayuntamiento en 2010.

Con el dato del coste global UPN pretendía justificar la reprivatización. No pudo del todo: finalmente tuvo que tragar con otra opción, la de la empresa pública, que fue la respuesta del PSN cuando le pidió sus votos para dar marcha atrás. No le ha servido tampoco, porque las trabajadoras han defendido las condiciones laborales reconocidas por el gobierno de Asiron y han litigado en tribunales. Y no es para menos. Gracias a la publificación las profesionales pasaron de ganar 900 euros a alcanzar los 1.300, vieron atendida su petición de que los desplazamientos entre las viviendas se contabilizaran en su horario laboral y recibieron un móvil de trabajo para notificaciones sobre el servicio. La derecha oculta todas estas mejoras que evidencian una dignificación laboral básica para disfrazar la realidad y engañar a la sociedad.

Ciñéndose solo a la rebaja del coste económico se justifica que la administración pública se desentienda de derechos fundamentales y privatice a diestro y siniestro, ocultando que tras él a menudo se esconde la explotación laboral. Ese es el modelo de UPN. El que avalaron Barcina primero y Maya después, durante años. Apoyar las declaraciones institucionales del 8 de marzo es muy fácil; lo complejo, lo que vale, es dignificar servicios con un empleo totalmente feminizado y precarizado, reconocer derechos que marcan la diferencia entre pobreza y desigualdad y un servicio profesional en condiciones dignas para trabajadoras y personas usuarias.

Pero la cuestión no acaba aquí. La gestión de María Caballero y María Echávarri como responsables de Servicios Sociales y Recursos Humanos está dejando mucho que desear. La primera porque gastó dinero público en una auditoría cuyo único fin era justificar la reprivatización, dinero tirado a la basura, un desprecio al erario público que no es nuevo. A él se suman los 40.000 euros que gastó después en contratar los servicios de una consultora para mejorar el funcionamiento del servicio, también dudosamente necesaria, puesto que casi todos los puntos débiles detectados fueron identificados antes por las trabajadoras en un proceso de mejora interna que no se dejó terminar antes de contratar a la empresa. Otro menosprecio.

Además, el trato a la plantilla ha sido inaceptable. Se creó la empresa pública y no se quiso dar voz a las trabajadoras en el consejo de administración. Se las ha mantenido al margen, y cuando se les ha informado se ha hecho tarde y mal. Una vez que UPN supo que no tendría más remedio que aplicar la sentencia que determinó en junio que el gobierno municipal había incumplido el artículo 13 del Convenio Colectivo y, en consecuencia, debía readmitir a 178 trabajadoras en plantilla, UPN filtró a la prensa su decisión de no recurrir la aplicación de la sentencia antes de informar a las afectadas, e incluso de celebrar el Consejo de Administración que lo aprobaría. Y cuando se les informó, se dejaron sin responder buena parte de sus dudas. Recursos Humanos reconoció haber recibido críticas por esta gestión. Es más: la primera reunión con el comité no tuvo lugar hasta el 1 de diciembre, día en que el Pleno aprobaba la reincorporación de las trabajadoras. Es difícil manifestar menos consideración por unas profesionales que atienden a más de 1.300 personas...

La obstinación llevó a UPN a no aprovechar el verano para adelantar trabajo en la aplicación de la sentencia, así que cuando en octubre llegó el tirón de orejas del juez Caballero y Echávarri tenían la tarea sin hacer: no habían identificado qué trabajadoras debían volver a asumir, no habían pensado qué harían con el servicio ni con la doble estructura que se iba a crear ni tampoco cómo funcionaria. En consecuencia, este mes han tenido que estrujar tiempos y asfixiar las áreas para cumplir el mandato judicial. Todo un ejemplo de imprevisión y mala gestión.

En resumen, UPN heredó un servicio público unificado en condiciones laborales más dignas. Podía haber empleado el mandato en mejorar la calidad de la atención, en trabajar junto con la plantilla y aplicar sus propuestas e invertir dinero y esfuerzos en analizar y resolver por qué la atención domiciliaria ha perdido un número notable de personas usuarias los últimos años. En lugar de eso, se ha dedicado a pugnar contra el modelo heredado de Asiron y a echar un pulso a las trabajadoras y sus derechos. Y ahora su legado para el próximo gobierno es un servicio duplicado, un modelo de gestión confuso, dos direcciones en vez de una, y una plantilla cabreada. Sinceramente, señoras Caballero y Echávarri, cuanto antes pierdan la vara de mando, mejor.

Las autoras son concejalas de EH Bildu Iruñea