Mientras que una parte de la sociedad vive con escasos recursos, que apenas puede comer, hay otra parte a la que le sobra comida y la tira. En 2021 se desecharon 1,2 millones de toneladas de alimentos en el Estado español, según el Ministerio de Agricultura, mientras que en Navarra son 115.000 toneladas de alimentos las que terminan al año en la basura, tal y como se informó en la Semana contra el Desperdicio celebrada en la última semana de septiembre por parte del Gobierno de Navarra, un 42% de las cuales provienen directamente de los hogares.

A nivel mundial, la cifra de desperdicio es de 931 millones de toneladas de alimentos cada año. El desperdicio de alimentos causa el 10% de los gases de efecto invernadero según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y además tiene un gran impacto económico ya que el coste asociado al desperdicio es el 5,6% de las ventas totales de las empresas.

Debido a ello, es más necesario que nunca impulsar la reutilización y el reciclaje, pero también poner en marcha medidas para evitar que el excedente alimentario se convierta en residuo. Y, de esta manera, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas de reducir a la mitad el desperdicio alimentario per cápita.

El 2 de enero entra en vigor la Ley estatal contra el Desperdicio Alimentario y todas las empresas de la cadena alimentaria en 2023 deberán tener un plan para prevenir las pérdidas y el derroche de alimentos, así como seguir la jerarquía de prioridades para gestionar el excedente. La ley es pionera en la Unión Europea, y solo Francia e Italia disponen de una regulación semejante.

Tal y como decía en un artículo publicado el pasado octubre en este diario, “las pérdidas y desperdicio de alimentos no solo representan, desde una perspectiva global, una oportunidad desaprovechada de alimentar a una población mundial en aumento, sino que, en el actual contexto de crisis económica, en el que la sociedad atraviesa momentos difíciles y debido al cual se ha incrementado el número de personas en situación de vulnerabilidad social, la reducción de este desperdicio alimentario sería un paso preliminar importante para combatir el hambre y mejorar el nivel de nutrición de las poblaciones más desfavorecidas. Además del problema ético y nutricional que supone que una cantidad considerable de alimentos en buen estado se desaproveche cada día, se plantea el impacto ambiental, en términos de cantidad de recursos naturales finitos, como los recursos hídricos, la tierra o los recursos marinos utilizados para la producción de estos alimentos no consumidos, así como su contribución al cambio climático”.

La ley también obliga a seguir una jerarquía de uso de los alimentos antes de ser desperdiciados, que comienza con la condición de que los productores y distribuidores deberán donar a entidades sin ánimo de lucro los productos que no se han puesto a la venta, siempre que estén dentro de las fechas indicadas como consumo preferente. En segundo lugar, los alimentos que hayan superado este tiempo, y siempre que estén en condiciones óptimas para su consumo, deberán transformarse en otros productos, como zumos o mermeladas. En tercer lugar, si no se pueden destinar al consumo humano, se utilizarán en la fabricación de piensos. En cuarto lugar, los que no valgan para la alimentación animal tendrán que usarse como subproductos para otras industrias, por ejemplo, los restos de uva de la elaboración del vino se emplean en la industria cosmética. Y, en quinto lugar, como residuos, se emplearán para la obtención de compost, biogás o combustibles.

Otros aspectos de la ley a destacar también es que los consumidores podrán llevar a casa los productos que no tome en un restaurante o acceder a alimentos con precio reducido por caducidad proximidad, cuestión que ya se viene haciendo en diversos establecimientos de hostelería. En este sentido, las empresas de hostelería están obligadas a dar a los clientes la comida que no hayan consumido en un envase y sin coste adicional.

Por otra parte, los establecimientos comerciales podrán habilitar líneas de venta de productos “feos, imperfectos o poco estéticos”. Entre las buenas prácticas también está el promover el consumo de productos de temporada, proximidad o ecológicos.

Asimismo, se trata también de evitar que se caduquen los alimentos. Así, la venta de alimentos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima deberá incentivarse, siempre que sean aptos para su consumo.

Las donaciones de alimentos a asociaciones se convierten en una de las soluciones más rentables para gestionar el excedente, debido a la aplicación del IVA del tipo 0% a las donaciones de alimentos, tanto para fabricantes como para distribuidores de alimentos.

De esta manera, las empresas no solo están rentabilizando sus productos, sino que contribuyen a favorecer de forma positiva en lo social, lo económico y lo ambiental. En el campo social, una parte de los excedentes se dona a los bancos de alimentos y otro tipo de asociaciones para luchar contra la pobreza; en lo económico, las empresas mejoran su rentabilidad al reducir sus gastos de gestión de residuos, costes de logística, almacenamiento, costes de destrucción o impuesto sobre residuos; y en lo ambiental, ya que permite apoyar la lucha contra el cambio climático, ya que sólo los residuos de alimentos generan alrededor del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que están asociadas a los alimentos que no se consumen.

En consonancia con la ley sobre pérdidas y desperdicio alimentario, todas las empresas deben poner en marcha en 2023 sus planes de prevención y replantearse la forma en la que están gestionando sus excedentes, optando por las donaciones de alimentos, siempre consideradas como una acción social y solidaria puntual, y no como una verdadera solución para gestionar de manera eficiente su excedente.

El autor es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente