La noticia salió a la luz hace un mes. Quien descubrió todo aquello aún no da crédito a lo que pudo comprobar: 31 trenes destinados a Cantabria-Asturias estaban diseñados con una altura que sobrepasaba la de los túneles de la red ferroviaria por la que debían circular. Por suerte, los trenes estaban solo en fase de diseño, sin construir, pero habrá que rehacer el proyecto desde el principio. Todo esto supondrá un retraso en la obra de dos o tres años, amén de los gastos originados por tamaña defecada.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció de seguido el cese de dos altos cargos de Renfe y Adif. Lo que no ha dicho es a qué nuevos puestos han sido destinados, no vaya a ser que desde éstos la líen aún más gorda. No sería el primer caso. Tampoco se ha anunciado la apertura de expediente disciplinario alguno. A fin de cuentas, la cosa no es tan grave, ¿no?

Aún con todo, ha habido casos peores. Al submarino S-80, llamado a renovar la flotilla de sumergibles de la Armada española, lo tuvieron que rediseñar, pues pesaba tanto que no flotaba. Después de esto hubo que reformar a fondo su motor, pues surgieron problemas serios con él. La guinda fue comprobar en 2018 que, tras hacer todo lo anterior… ¡el submarino no cabía en la dársena de la base de Cartagena!. Para solucionar aquello, ¡ahí es nada!, hubo que agrandar el muelle. No consta que haya habido cese alguno, a pesar de que hubo que doblar el presupuesto inicial del proyecto.

Fernández Miranda, ministro-secretario general del Movimiento hasta 1974 y presidente de las Cortes hasta 1977, fue uno de los artífices principales de aquella reforma que transitó del franquismo al actual régimen sin trauma ni fractura alguna. Fue él quien apadrinó la Ley de Reforma Política, aprobada por las Cortes en enero de 1977, de la que se dijo fue el auto-hara-kiri del franquismo. Para otros, sin embargo, junto con la Ley de Amnistía, de octubre de ese mismo año, se trató de la concesión a las instituciones del franquismo (monarquía, ejército, policía, administración…), de un salvoconducto para seguir sentando posaderas y cargos en la nueva y sui géneris democracia española y eludir, a la par, todo tipo de responsabilidad por los crímenes franquistas.

En resumen, la infraestructura institucional básica levantada a lo largo de cuatro décadas de franquismo siguió en pie. Como en la línea férrea Cantabria-Asturias, que data de la época de Franco, el aparato de Estado del actual régimen está plagado de bajos túneles y estrechas vías por los que los trenes de las libertades democráticas y los derechos humanos apenas pueden pasar. Un ejemplo tan solo de lo anterior: en los túneles sin luz ni salidas de emergencia del Ministerio del Interior, se ha torturado durante más de 80 años en un marco de total impunidad, con la bendición activa y pasiva de los gobiernos de turno y el silencio y ceguera cómplice de la togada judicatura.

Un juez propuesto en su día por el PP para cubrir sillón en el Consejo General del Poder Judicial, Grande Marlaska, es hoy ministro del Interior del autodenominado gobierno más progresista de la historia de España. Nada ha importado tampoco que éste haya sido el responsable de la mayor parte de las reiteradas sentencias con las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no investigar las denuncias de torturas de las personas cuyos casos instruía. Sus declaraciones referidas a la reciente matanza de migrantes en Melilla, alabando la actuación policial, algo que haría vomitar a cualquier gobierno democrático, no es para él sino una muesca más a añadir a su porra justiciera.

Hace tan solo unos días la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 15 años de prisión para el anterior ministro del Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, y otros tantos para su número dos, Francisco Martínez. También ha pedido entre 2 y 12 años para cuatro altos cargos del Ministerio y, finalmente, 19 más para el ex policía Vilarejo. Se trata de la denominada trama Kitchen, consistente en desviar fondos reservados del ministerio para espiar y apropiarse de pruebas que poseía Luis Bárcenas, excajero del PP, que podían incriminar a este partido y a sus más altos dirigentes. Una trama mafiosa encabezada por un ministro, miembro del Opus Dei, que en su día afirmó que, estando en Las Vegas, EEUU, “Dios le salió manifiestamente a su encuentro” y se jactaba de que su ángel de la guarda particular, de nombre Marcelo, le aparcaba el coche oficial. Todo un guión para una película de Alex de la Iglesia.

No es la primera vez. En el caso del GAL, sus responsables eran también altos cargos del Ministerio del Interior y del PSOE. Fueron condenados por malversación de fondos públicos, secuestro, asesinatos... . Entre ellos estaban el ministro Barrionuevo; el secretario de Estado, Rafael Vera; el jefe de la lucha antiterrorista, Francisco Álvarez; el general de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo; varios policías más (Miguel Planchuelo, Jose Amedo, Michel Dominguez…) y, finalmente, altos cargos del PSOE, como García Damborenea, secretario del PSE en Bizkaia; Julián San Cristóbal, gobernador civil de Bizkaia, y Julen Elgorriaga, gobernador civil en Gipuzkoa. La flor y nata de aquella cueva de los horrores.

Tan solo he hablado del Ministerio del Interior y sus lúgubres túneles. Pero existen otros como el de Justicia en los que su empuñetada judicatura, en más de 40 años, aún no se ha estrenado en condenar los crímenes contra la humanidad del franquismo. O del Ministerio de Defensa, con casos como el de los submarinos S-80 o el del accidente de su avión Yakovlev –72 víctimas mortales–, en Turquía… El problema es general: en los túneles del actual régimen sigue sin haber ventilación, luz, salidas de emergencia y hay constantes desprendimientos. Haría falta un nuevo proyecto institucional que saneara a fondo todas estas deficiencias y se asentara en el más riguroso respecto a las libertades democráticas, los derechos humanos y la soberanía de sus pueblos.