Como suele pasar siempre que llegamos a una cita electoral uno de los temas que no falta en la discursiva política y en los programas de los partidos es el de los derechos humanos. Obviamente cada uno se centra en aquellos derechos que más les interesan en función de sus ideologías económicas y políticas, olvidando en algunos casos aquello de la indivisibilidad o la interdependencia de los derechos humanos. O incluso aquello de las obligaciones que asumen todos los Estados que ratifican un Tratado Internacional en virtud del Convenio de Viena del derecho de los Tratados. En cualquier caso, lo importante es que los derechos humanos ocupen un lugar privilegiado en los futuros programas de gobierno que impulsen quienes gobiernen finalmente la comunidad foral y que dichos programas asuman los retos que se plantean desde las agendas nacionales o internacionales. Por desgracia, tal y como afirma la UE en su plan de acción para promover los derechos humanos y la democracia, en la actualidad los derechos humanos y la democracia se están viendo amenazados y cuestionados. Como reflejo de esta situación de cuestionamiento no hay más que fijarnos en la persecución, asesinatos y criminalización que sufren en todo el mundo (la UE incluida) las personas defensoras de derechos humanos.

Como decía la expresidenta de Chile y ex Alta Comisionado de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bacheler, allá por 2020, es preciso construir sistemas basados en los derechos humanos para proteger y valorar a las personas porque los derechos humanos crearan sociedades más resilientes, inclusivas, sostenibles, ecológicas, más estables, más pacíficas y más adaptables con diálogo, cooperación y respeto.

En sintonía con la afirmación de Bacheler es importante que desde el Gobierno de Navarra se siga apostando por trabajar de manera proactiva en materia de derechos humanos cooperando y colaborando, en el ámbito institucional, tanto con las instituciones de referencia en el ámbito nacional, como en el ámbito europeo e internacional. Desde hace varios años la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos está impulsando una mayor responsabilidad y compromiso de las autoridades locales en la promoción y garantía de derechos humanos. En su último informe sobre administración local y derechos humanos presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 51º periodo de sesiones en septiembre de 2022 se animaba a las autoridades locales a asumir un mayor rol a través de acciones concretas como la adopción de leyes, reglamentos y políticas públicas efectivas y jurídicamente vinculantes; la realización de evaluaciones desde el punto de vista de derechos humanos del cumplimiento de dichas leyes o políticas públicas con indicadores de medición claros y concretos y siempre respetando los principios de participación, transparencia y rendición de cuentas entre otros; la adopción de planes de acción para cumplir con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos; El establecimiento o el refuerzo de las instituciones y mecanismos locales destinados a supervisar y evaluar el disfrute de los derechos humanos a nivel local; la promoción de la coordinación y la cooperación entre instituciones públicas, tanto del nivel local como del nivel nacional; el fomento de una formación adecuada de los empleados públicos en materia de derechos humanos; el trabajo de manera especial en la lucha contra la el racismo, la discriminación y contra la violencia contra las mujeres, personas con discapacidad, menores, migrantes, personas LGTBI+ y minorías; la garantía de la participación social en la toma de decisiones; y el trabajo institucional fortaleciendo redes nacionales, regionales e internacionales de gobiernos locales.

En el ámbito de la Unión Europea, la nueva legislatura nos pillará inmersos en la implementación del tercer plan de acción de la UE para los derechos humanos y la democracia, que debería ejecutarse para finales del 2024. El plan de la UE, que pretendía intensificar y redoblar los esfuerzos de la UE para promover los derechos humanos y la democracia en el mundo, propuso intensificar las acciones en relación con antiguas prioridades como la igualdad de género, la libertad de expresión en línea y fuera de línea, la erradicación de la tortura, la abolición de la pena de muerte, y la prevención de la violencia sexual y de género. Y planteaba nuevos elementos sobre los que habría que centrar los esfuerzos en el presente mirando hacia el futuro. Elementos como reforzar el vínculo entre los derechos humanos y el medio ambiente; cosechar los beneficios de las tecnologías digitales y minimizar sus riesgos; intensificar la acción en materia de derechos económicos, sociales y culturales; dar énfasis a la democracia, en particular la reducción del espacio cívico y político; poner el acento en las empresas y los derechos humanos; acrecentar la protección y la capacitación de los defensores de los derechos humanos y aumentar la dedicación a explicar lo que hacemos para promover los derechos humanos y la democracia.

A nivel Nacional, el gran reto en materia de derechos humanos para la nueva legislatura se va a situar en la implementación del II plan nacional de derechos humanos que se establece para un periodo de cinco años (entre 2023 y 2027). El último borrador del plan, presentado en octubre de 2022, contiene un plan ambicioso, que, además, coincidirá en su arranque con la presidencia española de la UE en la segunda parte del 2023. Bajo las premisas de prevención y garantía en el disfrute real y efectivo para todas las personas de todos los derechos humanos, el plan contiene una larga lista de objetivos y compromisos alrededor de diversos ejes como son el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la cooperación con instituciones internacionales; la garantía de los derechos humanos; la igualdad de mujeres y hombres como garantía de los derechos humanos; y la igualdad de trato y protección de grupos específicos como garantía de derechos humanos.

En Navarra, a pesar de la complacencia típica de una sociedad que mantiene unos niveles de vida envidiables en la mayor parte del mundo, los derechos humanos deberían seguir siendo una prioridad importante para el nuevo gobierno. Esta legislatura ha marcado un punto de inflexión importante desde el punto de vista institucional en la promoción y garantía de derechos humanos. Se crearon instrumentos y mecanismos que contribuirán de manera muy relevante a integrar todos los retos que tanto la ONU como la UE y como el Estado están planteando en materia de promoción y garantía de derechos humanos. Como ejemplos destacados podemos mencionar la adopción del I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra con la creación del observatorio de derechos humanos y todo un programa muy importante alrededor de seis ejes fundamentales como son la aplicación de los derechos humanos, la promoción de la convivencia en la diversidad, la garantía de los derechos de las víctimas del terrorismo y de la violencia política, la construcción de una memoria crítica e inclusiva que reconozca la injusticia que de la violencia, la promoción de la educación para la convivencia y el fortalecimiento de instituciones que sean referentes para la convivencia; La adopción del Plan estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres en Navarra; O la adopción de leyes tan relevantes como la Ley foral 13/2023 de lucha contra el racismo y la xenofobia que tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación por origen étnico o racial.

En cualquier caso, no debemos olvidar que Navarra también presenta déficits importantes en algunas de las muchas cuestiones planteadas por las agendas nacionales e internacionales que requieren de mucho compromiso político y actuaciones concretas. Cuestiones como la convivencia basada en un enfoque de derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha y prevención de violencia sexual y de cualquier otra forma de violencia, la lucha y prevención contra la discriminación en cualquiera de sus formas, la protección y garantía de derechos de personas migrantes y refugiadas, de personas pertenecientes al movimiento LGTBI+ y de personas que puedan estar en riesgo de exclusión social, la búsqueda de la verdad y reparación de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, la promoción y protección de derechos culturales y lingüísticos, la protección de personas defensoras de derechos humanos, los conflictos socioambientales por el desarrollo de proyectos empresariales, la lucha contra la pobreza y la exclusión, la protección de la educación y la salud y la sensibilización y educación en materia de derechos humanos de toda la sociedad son cuestiones que deberían ocupar espacios de privilegio en los nuevos programas de gobierno.