La Comisión de Personal de la Administración de Justicia de Navarra denunciamos una actuación contraria a la huelga que mantienen desde hace casi dos meses los funcionarios de la Administración de Justicia. Estos hechos se han producido durante los días en que el gestor encargado del registro se encontraba de huelga, se han registrado asuntos por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, tal como figura en el sistema de registro de gestión procesal Avantius.
Concretamente, los registros se realizaron los días 6 de junio de 2023 (procedimientos 224/23, 225/23, 226/23), 7 de junio de 2023 (228/23, 228/23) y 8 de junio de 2023 (234/23, 237/23, 231/23, 232/23 y 233/23).
Incidir en que esta función está atribuida en la Sala a un gestor, que la desempeña, además, en el ejercicio de lo dispuesto en el art. 476 LOPJ, que atribuye el registro y reparto de escritos al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa. En modo alguno corresponde al letrado de la Administración de Justicia, cuyas funciones –extensísimas, según han remarcado en los últimos meses– no incluyen el registro y reparto de escritos.
También nos consta que algunos letrados AJ. están pasando a definitivos diligencias paralizadas por funcionarios en huelga para posteriormente firmarlos y notificarlos. Además, el 26 de abril los integrantes de la Comisión de Personal de Justicia de Navarra dirigimos un escrito al secretario de Gobierno y al presidente del Tribunal de Justicia de Navarra solicitándoles que los hechos de los que fuimos testigos los delegados sindicales de suplantación del Cuerpo de Auxilio en la Sección segunda de la Audiencia Provincial en los llamamientos a sala no se vuelvan a repetir.
La Comisión de Personal de Justicia de Navarra no va a permitir que por otros cuerpos de esta Administración se actúe contra nuestro derecho a la huelga.
Los cuerpos generales de la Administración de Justicia somos mileuristas. Nuestros sueldos netos oscilan entre los 1.350 euros de un auxilio (nivel C2) y los 1.700 euros de un gestor (nivel A2). El colectivo al que el partido en el Gobierno se dirige como población prioritaria es la clase media. Esta es la clase a la que los trabajadores de la Administración de Justicia representamos y no nos parece que lo sean los poderosos (jueces, magistrados y fiscales, que son un poder del Estado) y el bien pagado cuerpo superior de letrados AJ. (que, según declaraciones de la señora ministra durante su huelga reciben entre 40.000 y 60.000 € brutos anuales). Los acuerdos firmados con sus asociaciones se mantienen por el Ministerio de Justicia a pesar de no poderse tramitar la LOEO están vinculados a esta ley, según los acuerdos firmados entre las partes. Y ahora nos convocan para que los sindicatos los ratifiquemos… Conclusión a la que llegamos: al PSOE se le caen las siglas, ni es socialista, ni defiende al obrero.
En ninguna de las tres ocasiones en que se han reunido ambas partes ha habido una oferta sobre reconocimiento de funciones y salario justo en base a las funciones que los cuerpos generales realizamos. Llevamos desde el 17 de abril con movilizaciones a nivel nacional y no pararemos hasta que se reconozcan las funciones que efectivamente realizamos. Cada día que pase el perjuicio se incrementará y será más difícil buscar una solución, el Ministerio de Justicia debería de ser consciente de ello.
La estrategia dilatoria y de desgaste que está utilizando ese ministerio resulta indignante para el colectivo de trabajadores de esta Administración:
1. Declarando que sólo es ministra de 5 comunidades autónomas (se solicita en la revisión del complemento general del puesto, de competencia exclusiva del Ministerio de Justicia).
2. Filtrando al grupo Vocento el destino de 200 millones para los funcionarios.
3. Diciendo que negociarían después de hacerlo con jueces y fiscales.
4. Escudándose en tener que consultar con las CCAA, no pudiendo fijar una fecha hasta las elecciones autonómicas.
5. Excusándose en que la convocatoria anticipada de elecciones hace que el Gobierno esté en funciones y le incapacita para llegar a acuerdos (que sí ratifica con otros funcionarios).
6. Esgrimiendo que la situación actual del Gobierno requiere “un marco sosegado y estable” para llegar a acuerdos con el comité de huelga, y que éste no se dará hasta después de las elecciones generales.
7. Volviendo a su discurso inicial de que los gobiernos autonómicos no se han constituido en las doce comunidades donde la competencia de Justicia está transferidas (el 17 de abril sí estaban constituidos ¿por qué esperó entonces? Porque era y es de la exclusiva competencia del Ministerio de Justicia).
Es lamentable que los representantes del Ministerio de Justicia no convocaran a negociar al comité de huelga desde el 24 de abril y solo lo hicieran una vez anteriormente (el 20 de abril). La última reunión mantenida el día 6 parece más una broma de mal gusto hacia los representantes de los trabajadores (máximos cargos directivos de los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT en Justicia), que una oferta de negociación que reconozca las funciones que otros dicen hacer, pero solo las firman.
Después de 6 días de paros parciales de 3 horas y 27 jornadas completas de huelga solo nos queda seguir adelante. Así de rotunda fue la respuesta de los trabajadores de Justicia en Navarra en la asamblea de este martes. Los perjudicados van a ser los ciudadanos y los profesionales jurídicos y el único culpable el Ministerio de Justicia.
El ministerio parece que ya está haciendo las maletas después de 4 años de una mala gestión (incapaces de cumplir ninguno de los plazos). Pero lo más indignante para los obreros de la Justicia es que la señora ministra volverá a su juzgado con 450€ más y los altos cargos de su ministerio, muchos de ellos letrados AJ., con entre 430 y 450€ al mes más.
Los funcionarios de esta Administración no nos vamos a conformar y mantendremos esta huelga hasta que se nos reconozcan nuestras funciones.
*Los autores son: José Ramón Alcocer Pardo, Pedro Esparza Azanza, Juan José Senosiain Oreste y Aitziber San Martin Latasa, delegados/as de STAJ, CCOO, AFAPNA y LAB en la Comisión de Personal de Justicia