¡Qué tristeza cardenal! Negar los datos aportados por el Defensor del Pueblo en una encuesta realizada por la empresa GAD3, con más de 20 años de experiencia en investigación demoscópica.
Una muestra amplia, de 8.013 personas, superior a las que se utilizan normalmente en otros ámbitos de estudio para que sean representativas de la población.
Personas distribuidas por edad en 5 grupos desde 18 a 90 años, de cualquier autonomía del país y distribuidas en ciudades de más o de menos 50.000 habitantes. Un 52,3 % fueron mujeres y un 47,7 % hombres.
A 4.802 se les realizó la encuesta telefónicamente, para los que se establecieron 23.991 contactos. A 3.211 se le realizó on-line.
Se preguntó a la totalidad de la muestra por sus creencias religiosas y la mayoría se declararon creyentes, un 23% practicantes y un 39,8% no practicantes. Un 16,4% se calificó como ateo, un 11,2% como agnóstico y un 7,3 % indiferente.
El cuestionario consistió en 34 preguntas cerradas, 10 de ellas dirigidas a todas las personas encuestadas y el 24 restante solo a quienes indicaron experiencias de abuso sexual cuando eran menores de edad.
Con estos datos, ¿es usted capaz de tacharla de mentirosa como hizo inicialmente? Más tarde le pareció que se había excedido y sólo tachó de mentirosos a los periodistas por su extrapolación de datos.
No hay otra manera de conocer una opinión, dato o inquietud social más que por este camino de la encuesta. ¿Nos tenemos que fiar más del Espíritu Santo?
Un 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron que habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia (antes de los 18 años). Un mayor porcentaje de personas abusadas entre las mujeres (un 17%), que entre los hombres (un 6 %).
Un 0,6% de personas fueron víctimas de abuso sexual en un centro educativo religioso y un 0,5% en un ámbito religioso.
El 1,13% de las personas encuestadas habían sido abusadas sexualmente en el entorno de la Iglesia.
A Ud. como presidente de la Conferencia Episcopal Española le escandaliza la extrapolación de 440.000 casos en España. Es el resultado de multiplicar 40 millones de habitantes del año 2000 por ese porcentaje.
El estudio estadístico dice que el error muestral fue de ±1,1 % para un grado de confianza del 95,5%.
Al nuevo secretario de su CEE, Francisco César García Magán, le parecía que el error muestral que toda encuesta tiene hacía que ese dato fuera disparatado porque podía ser un 1% menor. No creía que pudiera también ser mayor. Ya dijo que eran personas de letras, no de números.
Conclusión, podrían ser medio millón las víctimas de pederastia en la iglesia española.
De cualquier manera, hay que reconocer que algunos compañeros suyos empiezan a sentir vergüenza. Por ejemplo, el obispo de Teruel, José Antonio Satué, que reconoce los abusos y pide reparar los daños. Teruel existe.
Si se aplica la encuesta en Navarra resulta esto. Éramos 552.060 habitantes los que, para responder a esta encuesta, pudimos ser abusados en el 2000. El 1,13% serían 6.238 menores. Más de los 5.000 que algunos atribuían.
En esta comunidad foral llevamos adelanto en esta lucha y tenemos más datos. El estudio encargado por el Gobierno de Navarra a la Universidad Pública de Navarra detectó unos 70 casos denunciados.
Si los dividimos por 0,0113 (correspondiente a 1,13% citado), resultan 6.195 abusados. Casi idéntico. ¡Qué casualidad!
Nosotros somos de números, ustedes de letras unidas en líneas torcidas.
Para corroborar lo que ha sucedido en esta comunidad no es necesaria nuestra declaración, basta acudir a las dos últimas ruedas de prensa arzobispales.
Nuestro, ya anterior pero reciente, arzobispo Francisco, con el vicario general moderador de la Curia, Carlos Ayerra, reconocieron que en los 16 años del prelado ha habido 7 casos de pederastia denunciados en la comisión episcopal navarra.
En ninguna de las reuniones que víctimas de pederastia tuvimos con ellos lo habían manifestado. Al contrario, no constaba nada. Como el mismo vicario reconoció, al cambiar el arzobispo, el archivo secreto, así llamado en el Codex Iuris Canonici, debe destruir los documentos de estas causas.
Además, el artículo 489 § 2. del código canónico citado dice: “Todos los años deben destruirse los documentos de aquellas causas criminales en materia de costumbres cuyos reos hayan fallecido ya, o que han sido resueltas con sentencia condenatoria diez años antes, debiendo conservarse un breve resumen del hecho junto con el texto de la sentencia definitiva”.
En fin Sr. Omella, a usted y a todos los obispos españoles les ha convocado el papa Francisco el día 28 próximo en Roma.
Nosotros los ignorados, silenciados y acusados por la CEE, esperamos con tanta impaciencia como esperanza que les haga reconocer su culpa de encubrimiento y mentira. Por si acaso, vayan confesados.
Por AVIPIREN, Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas en Navarra
