Recientemente se ha comentado la posibilidad de abordar la reforma del status jurídico-administrativo de Navarra (CFN), Amejoramiento. De inmediato las fuerzas políticas que lo impulsaron han proclamado su oposición a modificar los aspectos del mismo más cuestionados en el seno de la sociedad navarra; como son los referidos a la condición aislada de comunidad autónoma de Navarra y Ley del Vascuence, que constriñe la oficialidad del originario idioma de Navarra a un espacio limitado del territorio.

Parece necesario poner en un primer plano de nuestro análisis las circunstancias en las que fue implantada una norma jurídica –el denominado Amejoramiento– que se pretende de convivencia para una sociedad como la nuestra, recién salida en aquel momento de la dictadura; esta, en definitiva, culminación de un largo periodo de sufrimientos y frustraciones, prolongados a lo largo de un siglo y medio para los territorios navarros. Y es que no se puede olvidar que la solución implementada por las viejas fuerzas que habían apoyado el régimen de Franco, y otras teóricamente contrarias al dictador, se atribuyeron en aquel punto la representación exclusiva –y excluyente– del conjunto de la sociedad, con el propósito de marginar a los sectores sociales que perseguían un proyecto político diferenciado de Estado, que franquistas y asimilados buscaban impedir. Quienes apoyaron aquella solución pensaban en una Navarra acomodada a la transición española, que pudiese soslayar cualquier convulsión; situación ésta en la que deberían ser parte relevante quienes venían dominando Navarra, a partir de 1936. En definitiva, se pretendía una modificación superficial del status de Navarra en el marco de la denominada Transición. Mediante el citado proyecto, la división en dos comunidades autónomas de los territorios navarros permitía un mejor control de su territorio y colectividad, encajado en el proyecto de nación promovido por España que propugnaba igualmente la oligarquía navarra.

Es conocido el camino seguido por PSN, UCD y UPN que marginaron a todas las fuerzas, abertzales, contrarias a aceptar las condiciones impuestas por España, y gestionadas por los grupos mencionados, en la redacción del proyecto del Amejoramiento, a negociar entre el Estado y una representación limitada de la sociedad navarra. El resultado final de las negociaciones respondía a los intereses de los sectores sociales dominantes en Navarra durante el franquismo. En él se contemplaba el mantenimiento de un status de provincia española autónoma, dotado de una administración con resortes de control en manos de los tradicionales grupos sociales dominantes. Para todos ellos era fundamental imponer esta división del espacio histórico de los antiguos territorios navarros, al objeto de dificultar la configuración de un espacio político con capacidad de reivindicar eficazmente los derechos de Euskal-Herria. La trayectoria de la CFN desde la promulgación del Amejoramiento refleja las limitaciones impuestas por la oligarquía navarra, coincidentes con los presupuestos estatales españoles. Se pretendía impedir la consolidación de una situación política en los territorios del antiguo Reino de Navarra que facilitase a Euskal Herria zafarse del control de Madrid.

Tras cuatro largos decenios, transcurridos a partir de 1982 UPN ha pretendido presentar su Navarra como autonomía modélica, en tanto PSN presume de su contribución a la constitución de un espacio de convivencia, que ha superado las diferencias en la sociedad navarra, originadas por las profundas discrepancias respecto a la identidad de Navarra y su pertenencia a la nación española. Los índices de desarrollo y bienestar elaborados para España acostumbran a situar a Navarra en los lugares punteros del conjunto autonómico y todo ello permite concluir a los partidarios de la situación en el éxito de un planteamiento sin alternativa. Es claro que los defensores del Amejoramiento se resisten a reconocer que el presunto éxito puede basarse en fundamentos inestables y débiles. La carencia de una auténtica autonomía política, condicionada por la soberanía española, sin otra perspectiva para los dirigentes navarros que el manejo de acuerdo con sus intereses de la administración de una pequeña región en el marco de España, supone por completo la ausencia de una capacidad de influencia política con la que hacerse respetar por Madrid. En este centro de poder pujan con fuerza otras comunidades autónomas de mayor peso por territorio y población. Es un hecho incontestable la limitada influencia de Navarra para que el Estado tome en consideración nuestros intereses en materias que dependen de la decisión del Gobierno de España, al igual que la capacidad de tomar decisiones en cuestiones de interés general. Por otra parte, la percepción casi general que tienen los españoles de los navarros, es la de una ciudadanía privilegiada por su particular status en materia de Hacienda, al que atribuyen los altos índices en los terrenos económico y social que presenta Navarra con relación a la media española. Esta circunstancia es contemplada como una actitud egoísta, que privilegia a los navarros frente al resto de las autonomías, dando por hecho que los niveles alcanzados por Navarra son resultado de recursos fiscales que deja presuntamente sin aportar la Hacienda navarra a la solidaria contribución común.

Una reflexión más cuidada de todos estos aspectos ayudaría a entender lo inadecuado de la citada percepción que da lugar a una perspectiva de Navarra bastante deforme. Navarra no es una colectividad carente de problemas, únicamente por lo que puedan reflejar unos índices que no dejan de expresar sino realidades relativas e inestables. Los niveles de desarrollo referidos palidecen en su comparación con los que presentan los territorios europeos de nuestro contexto y no garantizan la continuidad del desarrollo adecuado que permita seguir el camino del mundo avanzado. Navarra carece de dimensiones para la creación de capital que permitan la constitución de empresas autónomas, con capacidad de inversiones que las salvaguarden de las macro corporaciones internacionales, apoyadas en Estados poderosos. En el terreno de las finanzas, las entidades bancarias generadas por el ahorro de los navarros han sido fagocitadas por la política del Estado interesado en las grandes centrales bancarias con perspectivas de inversión a nivel del Estado. En el terreno de la producción primaria, la agricultura tradicional languidece ante la fácil oferta de las distribuidoras con acceso a los mejores productos procedentes del conjunto de la Tierra.

El factor decisivo que condiciona este contexto lo constituye la carencia de un poder político que en absoluto satisface una denominada autonomía (CFN), resultado de la condescendencia de un Estado soberano como España. Navarra, frente a quienes siguen defendiendo el Amejoramiento, constituye un territorio sometido a España y a intereses foráneos que se pretenden ocultar bajo la especiosa capa de la solidaridad territorial, que en realidad oculta el instrumento de espoliación que practica el Estado español con los navarros en beneficio de los objetivos nacionales españoles. La inmensa capacidad de decisión de que dispone el Estado en todos los terrenos políticos –legislación, judicial y ejecutivo– anula cualquier pretensión de autonomía de que los partidarios del actual status puedan presumir. Venimos contemplando la nula consideración que se tiene hacia Navarra en las tres instancias mencionadas, cuando desde las instituciones denominadas autonómicas se plantean propuestas que no encajan en la sensibilidad de las instancias estatales. Hemos contemplado igualmente la forma en que han quedado condicionadas por los dirigentes de los partidos estatales soluciones políticas que reclamaba la colectividad navarra, bloqueadas por instancias que consideran que en la CFN no caben determinadas decisiones, con independencia de que puedan ser exigidas por la realidad social. Es especialmente cierto lo que se dice, cuando se hace referencia a la modificación del actual status jurídico, materia sobre la que se adivinan los vetos de instancias que consideran a Navarra cuestión de Estado, a decidir en los secretos y altos cenáculos del poder.

Naturalmente, este contexto condiciona completamente inversiones públicas y privadas de gran impacto en el terreno socio-económico, que incluyen desde infraestructuras a la creación de equipamientos imprescindibles para no quedar relegados ante las exigencias del mundo moderno presente. La enumeración concreta de los hechos que caben en esta crítica, desbordaría las posibilidades de lo que no es sino un articulo de prensa. En cualquier caso, es tiempo de que miremos con menos complacencia el aspecto brillante que presenta nuestra tierra y comunidad, ni que nos sintamos halagados por las consideraciones que puedan hacernos desde fuera lo que parece un éxito de nuestro bien hacer. Los niveles que indican una mejor situación de nuestros estándares con respecto a los de otras colectividades, no son muestra de un status adecuado de nuestro sistema, sino de una circunstancia relativa, que únicamente será válida, si responde a nuestras necesidades colectivas y posibilidades.