Paralizado el desahucio de una vecina de la calle San Lorenzo

"El desahucio ha sido suspendido tras una intensa mañana de movilización, presión, firmeza colectiva y de negociación directa con la comitiva judicial", ha comentado el Sindicato de Vivienda en una rueda de prensa.

Como se recordará, el Sindicato de Vivienda había convocado de urgencia una manifestación a las 7.30 horas de la mañana con el fin de evitar el desahucio de una vecina en la calle San Lorenzo 17, en el Casco Viejo de Pamplona.

La afectada, indica el Sindicato de Vivienda, es una mujer de 57 años, con un 75 % de discapacidad y en tratamiento oncológico, llevaba viviendo en la vivienda desde 2016. El desahucio, denuncian, se iba a "ejecutar de forma silenciosa, pero hemos garantizado que, por ahora, nuestra compañera pueda seguir en su casa".

El Sindicato de Vivienda lamenta que este intento de desahucio responda a "la lógica de un sistema que prioriza la propiedad privada y el beneficio de los multipropietarios —como el dueño de esta vivienda, que acumula varios inmuebles y se ha negado a negociar— por encima del derecho a una vivienda y de la salud de las personas".

Según el sindicato, lo ocurrido esta mañana "demuestra el abandono institucional de quienes más apoyo necesitan, y por otro, la fuerza de la autodefensa organizada. Solo esto ha permitido frenar este desahucio. Hoy se ha conseguido parar el golpe, pero el conflicto sigue abierto.

El sindicato informa de que el proceso judicial "sigue en marcha" y alerta de que "pronto podría llegar una nueva fecha de desahucio". Por eso, exigen la paralización definitiva del proceso y "una solución habitacional estable para nuestra compañera. Seguiremos vigilantes, organizadas y movilizadas"

Finalización del contrato del alquiler

En una nota de prensa enviada, detallan que el motivo del desahucio "tiene que ver con la finalización del contrato de alquiler, promovido por un gran propietario que posee al menos siete viviendas en ese mismo edificio, además de varios pisos en otros bloques". Todo el bloque, de hecho, "es propiedad de dos hermanos y el dueño del piso se niega a negociar". Además, desvelan que "hace dejación de funciones como propietario, ya que no se hace cargo de arreglos y reformas que le competen". Ana Belén, la vecina afectada, "vive actualmente sin agua caliente". El piso detallan, "es viejo y está ubicado en una sexta planta sin ascensor".

El comunicado comienza poniendo en contexto que "Ana Belén, de 57 años, se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad. Tiene reconocida una discapacidad del 75 % y está en tratamiento contra el cáncer. Vive en el piso desde 2016, y actualmente vive con su pareja. Hacia finales de 2021 empezó el procedimiento judicial contra ella: pese a no tener ni un solo impago, el propietario no quiere renovarle el contrato de alquiler. En cualquier caso, el procedimiento quedó paralizado cuando, en febrero de 2022, Ana Belén fue incluida en la moratoria de desahucios por motivos de salud y vulnerabilidad.

Sin embargo, este año ha sido excluida de la moratoria al considerar el juzgado que ha rechazado dos «alternativas habitacionales», lo que ha reactivado el proceso y ha derivado en la fecha actual de lanzamiento. Lo que no tiene en cuenta el juzgado es que estas supuestas alternativas eran estancias en residencias, lo cual en absoluto responde a las necesidades que tiene Ana Belén de disponer de una vivienda, ni a su derecho a permanecer en el que ha sido su hogar durante 10 años. Y, por otra parte, estas alternativas no han sido comunicadas debidamente, de forma que Ana Belén no ha tenido ni siquiera la opción de «rechazar» las alternativas.

Denunciamos que, una vez más, las instituciones abandonan a quienes supuestamente dicen proteger. En lugar de garantizar la extensión de la moratoria de desahucios que debería incluir su caso sin contrapartidas, o en lugar de ofrecer una alternativa de vivienda de calidad, responsabilizan a la inquiline de su situación y permiten que un gran propietario, que se niega a negociar, la eche a la calle".