Estamos a un paso de la primera reforma social de la Constitución. Queremos recordar que en el año 2018 todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados ya propusimos por unanimidad un nuevo redactado del artículo 49 de la Constitución. Las repeticiones electorales han retrasado cinco años convertirse en reforma constitucional.
El 18 de marzo de 2022, el periódico El País publicaba un artículo de opinión firmado conjuntamente por los portavoces parlamentarios que en 2018 impulsamos, por consenso, el nuevo redactado del artículo 49. Allí también pedíamos una reforma inmediata.
Dicho artículo 49, redactado hace ya 46 años, requería de una actualización por la terminología con la que hacía referencia a las personas con discapacidad como “disminuidos”. Además, era necesario superar el enfoque médico-rehabilitador de antaño hacia un modelo social más actualizado.
Lo que pretendemos es apelar a la responsabilidad del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad siendo un deber colectivo que atañe a toda la sociedad. Un enfoque, en síntesis, de derechos humanos inherente a la dignidad de las personas, sea cual sea su condición acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad del año 2006.
Hoy las mismas personas con ideologías distintas, que dedicamos un tiempo de nuestras vidas al servicio público, volvemos a reencontrarnos en este texto para saludar la proposición de Ley de Reforma de la Constitución Española registrada recientemente en la Cámara Baja en la misma dirección que ya fuimos capaces de concretar en octubre de 2018.
Apelamos al mismo consenso que fuimos capaces como exportavoces para lograr la primera reforma social de nuestra Carta Magna. Es una petición avalada por los 4,32 millones de personas con discapacidad o los más de 12 millones de personas que conviven directamente en sus entornos familiares. En esencia, es un mandato de toda la sociedad civil y cívica.
Esperamos que el mismo marco de acuerdo que existe en la opinión pública llegue a su debate y votación parlamentaria sin que se perturbe de otras cuestiones alejadas del foco de esta reforma social de la Constitución.
La modificación del artículo 49 es una exigencia instalada hace muchos años en la agenda social de CERMI –Comité español de representantes de personas con discapacidad– y de las más de 8.000 asociaciones que representa.
El apoyo a las personas con discapacidad se ha constituido en un singular lugar de encuentro de espacios ideológicos diferentes en los últimos diez años: la modificación del Código Penal para abolir la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente, la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva, la reformulación de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica o la única Ley Orgánica votada unánimemente en la Cámara Baja en los últimos 15 años que permitió la ampliación al derecho al sufragio a todas las personas con discapacidad. Todas estas iniciativas legislativas publicadas en el BOE son ejemplo de consenso, acuerdo, pacto y compromiso de la política con la libertad y dignidad individual de las personas con discapacidad. Si lo han sido para todas esas leyes, ¿no lo será para esta reforma constitucional?
Esperamos que el espacio público de la discapacidad siga siendo el pegamento para el reencuentro de la política con la sociedad y con nuestro tiempo.
Estamos a un paso de la tercera reforma de la Carta Magna. La primera de alcance social liderada desde la sociedad. La primera que reactualiza y moderniza las directrices de hace casi cinco décadas. La primera reforma que expande y profundiza en derechos a las personas con discapacidad. Una oportunidad que puede redignificar el ejercicio de la política.
A un paso definitivo de la primera reforma social de la Constitución Española desde el acuerdo y el pacto.
*Los autores son: Jordi Xuclá, exportavoz de PdCAT y expresidente de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad; Carolina Telechea, exportavoz del Grupo Esquerra Republicana y Marisa Saavedra, exportavoz de Grupo Unidas Podemos; Joan Ruiz, exportavoz del Grupo Socialista y expresidente de la Comisión; Paco Vañó, exportavoz del Grupo Popular; Marcial Gómez, exportavoz del Grupo Ciudadanos; Íñigo Barandiarán, exportavoz del Grupo Vasco e Íñigo Alli, exportavoz del Grupo Mixto. Todos ellos de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados en la Legislatura XII.
