El Gobierno de Navarra tiene totalmente descuidado todo lo que tienen que ver con los derechos sociales, la discapacidad y la atención a la dependencia. La ANADP (Agencia Navarra para la Atención y Desarrollo de las Personas) está muy mermada de recursos para hacer frente a todos los retos que tiene que resolver. Las necesidades que actualmente tiene que cubrir son innumerables. En los centros que dependen directamente de la ANADP no hay capacidad técnica ni presupuestaria para desarrollar el trabajo necesario. Los ejemplos son muchos, y por citar alguno:

Por una parte, en las residencias como el Vergel o Santo Domingo, no tienen los recursos presupuestarios necesarios para hacer frente a las obras que tienen que realizar para adecuar sus instalaciones a los servicios que prestan.

En lo que concierne a la plantilla, también hay muchas carencias como los puestos de enfermería o las bajas que no se cubren, por lo que es habitual trabajar por debajo del personal mínimo establecido.

En el Centro San Jose todavía no disponen del calendario de trabajo de 2024.

La Subdirección de Familia y Menores lleva ya más de tres años pidiendo que se dé solución a las carencias que se reflejaron en el Informe de Riesgos Psicosociales realizado.

Por otra parte, para llevar a cabo la tan nombrada Atención Centrada en la Persona, debe haber una plantilla adecuada al servicio. Se debe reconocer el nivel C para los dos colectivos de cuidadores y cuidadoras, de discapacidad y cuidadores y cuidadoras gerontológicos. Porque el nivel C es el que reconoce las funciones que actualmente ya realizan. La directora gerente de la ANADP, Inés Francés, ya hizo un informe instando a Función Pública para que suba del nivel D al C a estos colectivos. Desde el Defensor del Pueblo de Navarra también hay dos informes que abogan por esta subida de nivel.

Así pues, consideramos que lo que falta es voluntad política por parte del Gobierno para hacer frente a estos retos. Una voluntad política que apueste por un verdadero modelo público de cuidados y atención, centrado en dar una atención individualizada, integral y de calidad. Se deben movilizar todos los recursos necesarios para que la ANADP pueda dar respuesta a las necesidades detectadas. La consejera del Departamento de Derechos Sociales, como representante del sector en el Gobierno de Navarra, tiene que dotar a su Departamento de una partida presupuestaria suficiente para garantizar estos objetivos.

Por todo esto, en ELA seguiremos trabajando para denunciar las carencias y aportar soluciones. Porque apostamos por una atención pública de calidad.

Firman esta carta: Francisco Javier Monreal Arteta, Miriam Goñi Barber y Mikel Fernández Uriarte Representantes de ELA en la ANADP