Ocho de marzo. El Parlamento de Navarra ilumina su fachada de morado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La mayor parte de sus grupos hacen declaraciones en las que reclaman igualdad y no discriminación para las mujeres, a la par que denuncian la violencia específica y brechas de género que afectan a éstas.
El día siguiente, 9 de marzo, la prensa dio a conocer una relación de personas que comparecerán ante la ponencia parlamentaria que va a estudiar la actualización del Amejoramiento. De los 65 nombres publicados tan solo 16 son mujeres. El resto, sesudos varones. La igualdad, no discriminación y lucha anti brechas de todo tipo se concreta en que, entre estas personas, sólo una de cada cuatro es mujer. Aquí hay algo que no cuadra.
Sigamos. Si analizamos el perfil de quienes han sido propuestas podemos ver que en su inmensa mayoría éstas son políticos o expolíticos, profesores y funcionarios. Brillan por su ausencia, a pesar de la importancia que puede tener para la propia sociedad navarra, personas relacionadas con la extensa y rica red de grupos sociales existentes en Nafarroa: feminismo, ecologismo, sindicalismo, cultura, juventud... Movimientos estos que, además de saber reivindicar derechos, cuentan con excelentes y trabajadas propuestas de cara a construir un futuro mejor.
El debate sobre el Amejoramiento no solo tiene que ver con las competencias que éste debe contener (relaciones laborales, euskara, pensiones, Seguridad Social, derechos sociales, infraestructuras, inmigración, cuidados, Bardenas, fiscalidad…), sino con el propio sujeto que deba acordar esos contenidos y la participación en el proceso de la propia ciudadanía. A estos efectos, es evidente que en la medida en que ésta última se impulse clara y directamente, habrá mayores garantías de que las reformas a introducir en su texto respondan a las necesidades reales de nuestra sociedad. Por el contrario, un proceso asentado en el alto saber de las élites políticas y académicas, podría conducir a una reforma que resbale grandilocuentemente por encima de aquellos problemas.
El tema, por supuesto, da para hablar. Pero centrémonos ahora en un par de problemas previos. Primero, ¿se prevé en algún momento que en este proceso la voz y voluntad de la ciudadanía navarra se exprese de forma directa, refrendando el texto final resultante de esta actualización? La pertinencia de esta pregunta es obvia: el actual Amejoramiento no fue sometido a referéndum en nuestra tierra y Nafarroa es así la única comunidad histórica del Estado en la que su texto institucional principal nació con este pecado original. Repito, ¿se dará la voz a la ciudadanía navarra para pronunciarse al respecto?
Durante la presidencia de Uxue Barkos, el acuerdo de gobierno hablaba de “abrir un proceso participativo y parlamentario al objeto de reformar el Amejoramiento para definir el status político de Navarra… sometiendo la propia reforma a refrendo ciudadano”, pero nada de esto se cumplió. No hubo proceso participativo ni, mucho menos aún, referéndum alguno.
En el actual Acuerdo de gobierno de María Chivite se habla de crear “una Ponencia en el Parlamento de Navarra que estudie la actualización de la LORAFNA (Amejoramiento) para adecuarla a la realidad social y al sentir de la ciudadanía profundizando en un mayor autogobierno y una profundización de los derechos sociales y democráticos”. Se trata así, tan solo, de “estudiar” una posible reforma, que no de elaborar una propuesta concreta para ésta. Tampoco se habla de refrendo alguno de nada. Esto es lo que hay.
De todas formas, si tal como afirma este Acuerdo de gobierno hay que adecuar el Amejoramiento “al sentir de la ciudadanía”, tan solo existe una forma de hacer esto: abrir cauces para que ésta se exprese. Es decir, escuchándola. Y para esto existen mecanismos legales. No hay excusa para no hacerlo.
La actual Ley Foral 12/19, de 22 de marzo, de Participación Ciudadana se refiere “al derecho de la ciudadanía a emitir su opinión en los diferentes procesos participativos y tener un papel protagonista y corresponsable en la toma de decisiones relativas a las políticas públicas”. Prevé para ello la realización de “foros de consulta” como espacios de debate y la elaboración de “consultas ciudadanas” para “conocer la opinión de un determinado sector o colectivo y el conjunto de la población sobre asuntos de interés público que le afecten”. Pues bien, si de actualizar el Amejoramiento se trata, ¿no sería obligado poner en marcha ya estos mecanismos, foros y consultas, en distintos ámbitos sociales, a fin de lograr una participación ciudadana real?
No dudamos, por supuesto, de la solvencia profesional y política de las decenas de personas expertas que van a comparecer ante la Ponencia parlamentaria, pero creemos que el debate a impulsar debe trascender con mucho los marcos físicos del Parlamento de Navarra y abarcar un ámbito ciudadano mucho más extenso que el de los políticos, funcionarios y estudiosos ahora convocados.
Más de las tres cuartas partes de la población navarra actual no participó en el proceso de aprobación del Amejoramiento. Algunas por no haber nacido en aquellas fechas; otras, por no tener entonces edad suficiente para votar; otras más, por haber venido desde distintos lugares y países a compartir su vida con todas nosotras y nosotros. Pero es que, además, incluso a quienes pudieron hacerlo se les hurtó ese derecho. Es hora pues de subsanar este vicio de nulidad antidemocrático.
En los próximos meses es probable que padezcamos una sobreinformación respecto del paso por la Ponencia del Amejoramiento de decenas de personas expertas en distintas materias y de lo que éstas aporten. Pero si no se abre este marco de participación al conjunto de la sociedad y al final del proceso no hay un refrendo ciudadano de lo que pueda acordarse, volverá a repetirse el paripé institucional que vivimos hace ya 41 años. Estaríamos ante un nuevo fraude.
